Mafia de pagarés: la Cámara respalda al juez del caso Cibils
La Cámara de Apelaciones confirmó al juez Rodrigo Estigarribia para intervenir en el proceso penal abierto contra la jueza de Paz Analía Cibils, investigada por su presunta participación en el esquema conocido como la “mafia de los pagarés”. El tribunal rechazó el planteo de parcialidad formulado por la defensa y consideró infundada la recusación que había paralizado la audiencia preliminar.
La decisión de la Cámara
La resolución de la Cámara de Apelaciones ratificó la competencia del juez Rodrigo Estigarribia, quien había sido cuestionado por la defensa de Analía Cibils durante el inicio de la audiencia preliminar. Con el rechazo de la recusación, el magistrado queda habilitado para convocar nuevamente a las partes y continuar con la diligencia, paso clave para definir si la causa será elevada a juicio oral y público.
El tribunal también recordó a las partes la obligación de litigar de buena fe, en un expediente de alta sensibilidad institucional.
La acusación contra Analía Cibils
La imputada Analía Cibils, jueza de Paz de La Encarnación, es sospechosa de integrar un esquema de fraude basado en juicios ejecutivos promovidos con pagarés presuntamente falsos o manipulados. Según el Ministerio Público, el mecanismo incluía embargos salariales contra funcionarios públicos activos y jubilados, tramitados sin la debida notificación a los afectados.
La acusación sostiene que Cibils habría tenido una participación activa en un entramado que operaba principalmente desde juzgados de Paz de Asunción, donde se concentraban miles de expedientes irregulares.
Cifras y alcance del esquema
De acuerdo con el informe de la Comisión de Investigación del Senado, en el juzgado de Paz de La Encarnación se registraron 104.894 juicios ejecutivos, con embargos que alcanzaron un monto total de G. 577.540.231.592. Estas cifras expusieron la magnitud del esquema y el impacto económico sobre las víctimas.
El equipo de fiscales a cargo de la investigación está integrado por Belinda Bobadilla, Leonardi Guerrero y Jorge Arce, quienes sostienen que el sistema funcionaba con la colaboración directa de funcionarios judiciales, mediante resoluciones y notificaciones irregulares destinadas a ejecutar embargos indebidos y obtener beneficios económicos.
La postura de la defensa y el contexto institucional
La defensa de Analía Cibils, ejercida por el abogado Rodrigo Yódice, cuestiona la solidez de la acusación fiscal. Argumenta que el relato del Ministerio Público carece de precisión jurídica, ya que —según sostiene— no individualiza claramente las resoluciones atribuidas, su fundamento legal ni los presuntos beneficiarios o afectados.
Cibils enfrenta cargos por prevaricato, producción de documentos no auténticos y otros hechos punibles vinculados a su presunta participación en la red de corrupción.
El caso, conocido públicamente como la “mafia de los pagarés”, generó una fuerte conmoción institucional. A raíz del escándalo, la Corte Suprema de Justicia adoptó medidas administrativas y promovió propuestas legislativas para prevenir la repetición de estas prácticas dentro del fuero de Paz. Las investigaciones fiscales continúan y ya se registraron salidas procesales abreviadas de algunos implicados, quienes aportaron información sobre el funcionamiento interno del esquema.
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