Habeas corpus del caso Pavo Real llegó a la Corte
La Corte Suprema de Justicia rechazó un habeas corpus genérico presentado a favor de Ángela María Kunrath, procesada en el caso Pavo Real.
La acción fue promovida contra el Complejo Penitenciario de Mujeres (COMPLE) de Emboscada por supuestas irregularidades en su reclusión, principalmente en la alimentación y la comunicación con familiares.
La abogada Gloria Zunilda Duarte alegó que su defendida fue trasladada sin notificación y que ni ella ni los familiares sabían el lugar de reclusión. Sostuvo que esa situación violaba derechos fundamentales.
Fallo unánime de la Sala Penal
El fallo fue dictado por unanimidad por los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Eugenio Jiménez Rolón.
El tribunal concluyó que no se reunían los requisitos para hacer lugar al habeas corpus.
En el informe remitido, la directora del COMPLE, Nilce Judyd Franco, explicó que Kunrath fue trasladada en el marco del Operativo Umbral 2.0, que dispuso el cierre del Buen Pastor y el traslado seguro de las internas al nuevo penal.
La Corte entendió que el traslado se realizó bajo control institucional y sin afectación a los derechos básicos.
Condiciones de reclusión y alimentación
El informe también indicó que la alimentación está garantizada para todas las internas, incluidas las que necesitan dietas médicas.
El servicio cuenta con un plan nutricional diseñado por una licenciada en nutrición y con asesoría de un chef.
La Essap se encarga del suministro de agua potable.
Se confirmó además que la procesada recibe visitas familiares y encomiendas, conforme a los protocolos del Ministerio de Justicia.
Con estos elementos, la Corte consideró que no hubo violación de derechos constitucionales.
No obstante, los ministros exhortaron a la directora del penal a mantener la vigilancia sobre las condiciones sanitarias y alimentarias de las reclusas.
Contexto del caso Pavo Real
Ángela María Kunrath está procesada por lavado de dinero y asociación criminal en el marco del caso Pavo Real.
Su defensa denunció que el traslado de octubre se hizo sin aviso y que se limitó el contacto con su entorno familiar.
El máximo tribunal verificó que la información sobre su paradero y condiciones de reclusión era correcta, por lo que declaró improcedente el recurso.
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