Inconsistencias fiscales y nulidad total del proceso
El Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Juan Carlos Duarte e integrado por los magistrados Yolanda Portillo y Darío Báez, resolvió anular la acusación fiscal y dictar el sobreseimiento definitivo del ex candidato presidencial Efraín Alegre.
El fallo fue unánime y se sustentó en la falta de coherencia y validez formal del proceso iniciado por el Ministerio Público, que —según los jueces— no describió con precisión los hechos imputados y alteró las fechas durante el trámite judicial.
La decisión se adoptó tras el inicio del juicio oral, cuando la defensa, representada por el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, planteó que la Fiscalía había modificado las fechas de los hechos sin presentar una nueva imputación, lo que tornaba nulo el procedimiento.
“Hecho inexistente” y violación de garantías
Durante la lectura del fallo, la jueza Yolanda Portillo cuestionó duramente la actuación fiscal:
“Estamos ante un absurdo, teniendo que juzgar hechos que supuestamente habría cometido el señor Efraín Alegre con anterioridad a la emisión de las propias facturas, tanto la auténtica como la presuntamente adulterada. Existe una violación constitucional al no haber una descripción concreta de los hechos.”
El tribunal concluyó que nunca se formó un proceso válido, al comprobar que el Ministerio Público imputó hechos ocurridos —según su propia cronología— antes de que existieran las facturas mencionadas. Además, se advirtió que el cambio de fechas en distintas etapas del proceso, sin una nueva presentación fiscal, configuró una infracción al principio de congruencia.
Argumentos de la defensa y error procesal
El abogado Duarte Cacavelos sostuvo desde el inicio que la acusación era “vergonzosa” y jurídicamente insostenible. Argumentó que Alegre, en su calidad de candidato presidencial, no podía ser administrador financiero de campaña conforme a la ley electoral, por lo que no podía atribuírsele el hecho punible de producción de documentos no auténticos.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Miriam Rodríguez y Miguel Quintana, defendió la acusación alegando que el político liberal había utilizado una factura para justificar un gasto excesivo en combustible, lo que —según su hipótesis— evidenciaba una intención de inflar montos y generar perjuicio al Estado.
Sin embargo, el tribunal consideró que el escrito de acusación no cumplía con los requisitos legales mínimos para sostener la imputación, ya que carecía de una descripción fáctica concreta y presentaba inconsistencias materiales que vulneraban el derecho a la defensa.
Fallo y consecuencias procesales
Con la resolución del Tribunal de Sentencia, se declaró la nulidad total de la acusación fiscal y se ordenó el archivo definitivo de la causa, dejando definitivamente desvinculado del proceso al ex presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
El fallo también constituye un llamado de atención al Ministerio Público por haber sostenido un caso sin base fáctica ni sustento jurídico claro. Los magistrados remarcaron la necesidad de preservar las garantías constitucionales y la correcta descripción de los hechos en toda actuación penal.
La decisión marca el cierre de una causa que se prolongó varios años y que, según el tribunal, nunca debió llegar a juicio oral.
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Es una verdadera vergüenza. ¿Que confíanza puede inspirar el desenvolvimiento de un fiscal que que debe ser GARANTÍA para todas las partes, no cumple con tal cometido?