Reprograman juicio a Armando Gómez y advierten a la defensa
El Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Adriana Planás resolvió reprogramar el juicio oral al exintendente de Lambaré, Armando Ramón Gómez, acusado por un perjuicio superior a G. 7.315 millones, tras constatar la validez del certificado médico presentado por la defensa.
Suspensión y llamado de atención
Durante la audiencia, la jueza Planás explicó que el reposo médico reúne todos los requisitos establecidos por la Acordada 1283 de la Corte Suprema de Justicia, motivo por el cual el Tribunal dispuso la suspensión del inicio del juicio oral.
“Vamos a disponer la constitución del médico forense y, en este momento, la suspensión del inicio del juicio oral y público. La nueva fecha será el 25 de noviembre, a las 10:00”, anunció la magistrada.
Antes de finalizar, Planás exhortó a la defensa a garantizar la comparecencia del acusado, ya sea de forma presencial o telemática. “Especialmente que se verifique el tema de la salud del representado, si tiene una cuestión médica, que uno de ustedes lo acompañe en su domicilio ese día”, advirtió.
Debate por el reposo médico
Según el planteamiento de la defensa, Gómez presentó un cuadro de gastroenteritis viral, diagnosticado en el Hospital Ingavi del IPS, por lo que recibió reposo domiciliario. El Ministerio Público y la querella solicitaron la verificación médica de parte de un forense judicial para confirmar el diagnóstico.
El abogado querellante Félix Duré consideró el pedido una maniobra dilatoria. “El acusado puede comparecer desde su lugar de reclusión domiciliaria; no hay impedimento real para continuar”, sostuvo antes de la suspensión.
El Tribunal, integrado por los jueces Adriana Planás, Matías Garcete y Elsa García, resolvió posponer el inicio del juicio al constatar la documentación médica.
Acusación y perjuicio patrimonial
La Fiscalía, representada por el fiscal Eugenio Ocampos, acusa a Armando Gómez por lesión de confianza y apropiación de aportes jubilatorios que no fueron transferidos a la Caja de Jubilaciones del Personal Municipal.
Según la investigación, entre 2015 y 2020, el exintendente habría creado y liderado un esquema irregular junto al exdirector de Administración y Finanzas Roberto Ever Paredes Ojeda, para apropiarse de fondos descontados a funcionarios municipales.
El perjuicio, estimado en G. 7.315.878.567, fue corroborado por la actual administración municipal, que se encuentra regularizando los pagos atrasados a la Caja.
Modus operandi detectado
De acuerdo con el Ministerio Público, el Departamento de Talento Humano elaboraba las planillas de descuentos de funcionarios, que luego eran remitidas a Contabilidad. Sin embargo, nunca se elaboraba la orden de pago correspondiente, pese a que los descuentos ya se habían ejecutado.
El dinero, que debía transferirse a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, nunca fue depositado durante la gestión de Gómez. La investigación surgió tras una auditoría interna que reveló el faltante millonario.
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