A Ultranza paralela: maniobras con bienes bajo la lupa judicial
La jueza Rosarito Montanía admitió la imputación contra Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes; su defensor, el abogado Óscar Luis Tuma Bogado; y la funcionaria de la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), Alcira Celeste Rodríguez Flores. Se fijaron fechas de audiencias de imposición de medidas: 17 de septiembre para Alcira Rodríguez, 18 para Tuma y 19 para Rodrigues, este último de forma telemática desde el Cereso de Cambyretã, donde cumple prisión preventiva por el caso Pavo Real PY II.
Hechos atribuidos y rol de la funcionaria
Los fiscales José Martín Morínigo, Francisco Cabrera y Diana Gómez imputaron a los tres por supuestas irregularidades en transferencias de inmuebles de Rodrigues a Tuma. A la funcionaria Alcira Rodríguez se le atribuyen hechos punibles de alteración de datos y acceso indebido a sistemas informáticos, tras ingresar al sistema y modificar datos de Rodrigues para habilitar operaciones.
Transferencias cuestionadas y medida cautelar
Rodrigues fue detenido en agosto de 2024 y el juez Osmar Legal dictó la inhibición general de enajenar bienes. Sin embargo, pese a esta medida, se realizaron transferencias inmobiliarias a favor de Tuma. El abogado alegó la nulidad de la inhibición, pero un Tribunal de Apelación ratificó que las medidas cautelares “se cumplen hasta tanto sean revocadas y no a la inversa”.
Presunto lavado y encubrimiento de bienes
Para el Ministerio Público, Tuma conocía el estado procesal de su cliente y no podía aceptar los bienes como pago de honorarios. El traspaso se interpreta como una maniobra para ocultar patrimonio y eludir un eventual comiso. Por ello, tanto Rodrigues como Tuma fueron imputados por lavado de activos, mientras que la funcionaria afronta cargos por manipulación de datos.
¿Pensás que estas transferencias fueron un simple error administrativo o un intento de encubrimiento?
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