Defensa de esposa de Marset pide evaluación tras perder 14 kilos
La defensa de Gianina García Troche, esposa del presunto narcotraficante Sebastián Marset, alertó sobre un deterioro físico grave tras perder 14 kilos en apenas 51 días de reclusión en el penal militar de Viñas Cué.
Los abogados Luis Samaniego y Daniel Garcete presentaron una nota a la jueza de Crimen Organizado Rosarito Montanía solicitando una evaluación psicológica integral, así como medidas de protección para su salud, alegando que el estado actual compromete su bienestar general.
Según los defensores, esta pérdida de peso fue constatada por personal médico del penal.
Denuncian trato discriminatorio y uso mediático
En el mismo documento, la defensa afirmó que García Troche está siendo utilizada como “carnada mediática” y denunció un supuesto sesgo de género y ensañamiento judicial en su contra.
Señalan que la situación vulnera múltiples normativas y tratados internacionales, como las Reglas de Bangkok de la ONU, la Ley 5777/2016 de protección integral a las mujeres, la Convención contra la Tortura, la Convención de Belém do Pará y la Recomendación 33 del Comité CEDAW, entre otros.
Además, critican que no se le están aplicando los estándares internacionales de reclusión con debida perspectiva de género, tal como exige la Constitución Nacional.
Visitas restringidas y estrategia legal afectada
La defensa también reclamó la ampliación del régimen de entrevistas legales, actualmente limitado a tres días por semana con sesiones de solo 20 minutos.
Proponen habilitar un horario más amplio, de lunes a viernes, de 08:00 a 18:00, argumentando que la restricción dificulta la preparación de la estrategia legal y afecta su derecho a defensa.
Si bien la jueza Montanía autorizó previamente una ampliación para las visitas familiares, rechazó el pedido para modificar el delito imputado y desdoblar la causa en el caso “A Ultranza”.
Cuestionamientos a la prisión preventiva
En paralelo, el abogado Osvaldo Arrúa, también representante legal de García Troche, presentó una nota en la que cuestiona la legalidad de la prisión preventiva.
Sostiene que la medida “no responde a parámetros legales ni a estándares de razonabilidad”, sino a presiones mediáticas y sociales, y pidió que se evalúe su situación con base en criterios jurídicos objetivos.
Advirtió además que, de persistir las condiciones actuales, podrían plantear un hábeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia.
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