Ministro Giménez afronta denuncia por desvío millonario en pandemia
El abogado Miguel Godoy, en representación de la ciudadana Blanca Franco, presentó una denuncia penal contra el ministro de Agricultura, Carlos Giménez, por presuntos actos de lesión de confianza y asociación criminal cometidos durante su gestión como gobernador de San Pedro (2018–2023).
La acusación sostiene que se habría desviado aproximadamente G. 6.000 millones de fondos destinados a la pandemia de Covid‑19, mediante transferencias irregulares hacia organizaciones sin fines de lucro. Estas entidades, según la denuncia, estaban integradas por funcionarios próximos a Giménez y no ejecutaron las obras por las cuales recibieron los fondos.
Cómo operaba el presunto esquema
Entre 2020 y 2021, se habrían transferido G. 11.837 millones a 19 organizaciones sociales, de las cuales la mitad fueron sobrefacturadas o no realizaron los trabajos prometidos.
La denuncia afirma que estas asociaciones eran simplemente fachadas: “integradas por funcionarios a cargo de Giménez”, quienes figuraban como presidentes, contadores o tesoreros para manejar los recursos.
Responsables señalados y cifras clave
Los denunciados incluyen a varios exfuncionarios de la Gobernación: Julia Mendoza Ocampos, Fernando Silveiro, Laura Grau Díaz de Bedoya, Evelio Villasanti y Charlis León.
Entre los montos sobresalen:
– Charlis León, funcionario de prensa, recibió G. 1.124 millones.
– Julia Mendoza, vinculada a Acción Social, percibió G. 3.339 millones.
– Laura Grau, del gabinete, fue beneficiaria de G. 1.124 millones.
Además, se mencionan sobrefacturaciones como fogones valorados en G. 4 millones cuando su costo real sería de menos de G. 400.000.
Estado actual de la causa y peticiones
La denuncia está en manos de la Fiscalía, que deberá analizar la documentación y determinar si procede la apertura formal de la investigación.
Godoy solicitó que el caso recayera bajo la Unidad Especializada de Delitos Económicos y afirmó que enviaría la documentación al presidente Santiago Peña.
También remarcó que no se trata de “persecución política”, sino de una “corrupción documentada” con respaldo técnico.
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