Fiscalía busca sancionar a quienes impulsaron recusación infundada a Erico Galeano
Argumentos para sanción
La Fiscalía rechazó con firmeza la recusación que la defensa de Erico Galeano presentó minutos antes del inicio del juicio oral. Según el fiscal Silvio Corbeta, la acción tuvo una clara intención dilatoria. Por eso, solicitó al tribunal que adopte medidas disciplinarias como precedente ante conductas similares.
Además, el fiscal pidió a su superior, Soledad Machuca, que declare improcedente la recusación dirigida contra él y su colega Deny Yoon Pak. En efecto, Machuca falló a favor de rechazar este pedido, al considerar que los argumentos de la defensa carecen de respaldo legal.
Petición de imparcialidad por parte de la defensa
El senador Galeano está acusado de colaborar con el crimen organizado, asociación criminal y lavado de dinero. Su defensa argumentó pérdida de confianza e imparcialidad con los fiscales Corbeta y Yoon Pak. Según Galeano, “desea fiscales imparciales y objetivos” durante el proceso, ya que se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Declaración del tribunal y suspensión del juicio
El tribunal de sentencia, compuesto por los jueces Inés Galarza, Juan Dávalos y Pablino Barreto, decidió suspender el juicio oral. Con el rechazo de la recusación por parte de Machuca, el tribunal está habilitado para fijar una nueva fecha de inicio del proceso.
Detalles de la acusación
La Fiscalía sostiene que Galeano habría prestado su avión a la estructura criminal liderada por Miguel Ángel Insfrán (“Tío Rico”) y Sebastián Marset. Además, habría recibido dinero ilícito mediante la venta simulada de su casa en Aqua Village por un millón de dólares, favoreciendo a “Tío Rico”.
Según la acusación, «estaba al servicio de la estructura criminal» y brindó a los principales líderes «el medio de transporte de su propiedad». Estas acusaciones serán objeto de debate en el juicio.
Relación con el operativo A Ultranza PY
Esta causa forma parte del operativo A Ultranza PY, el mayor operativo contra el crimen organizado en Paraguay. La investigación se realizó con apoyo de la DEA, Europol, la Policía uruguaya y la SENAD.
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