Contralor urge intervención en la Municipalidad de Asunción por irregularidades financieras
Uso indebido de fondos destinados a obras
Durante una sesión de la comisión especial de la Cámara de Diputados, el contralor general de la República, Camilo Benítez, expuso preocupantes irregularidades en la gestión financiera de la Municipalidad de Asunción.
Según Benítez, fondos provenientes de bonos y préstamos, que por ley deben destinarse exclusivamente a obras de infraestructura, fueron utilizados para cubrir salarios y otros gastos corrientes.
La ley orgánica municipal prohíbe expresamente el uso de recursos de endeudamiento para gastos corrientes.
Sin embargo, de los 82.000 millones de guaraníes que debían invertirse en obras, solo 41.000 millones fueron asignados a ese fin. Lo más alarmante es la falta de documentación que respalde el uso de los fondos restantes.
Procedimientos de adjudicación cuestionables
Benítez también señaló irregularidades en los procesos de adjudicación de obras.
Contrario a lo establecido, donde la licitación debe ser la norma y la adjudicación directa la excepción, la Municipalidad habría invertido esta lógica.
El 70% de los recursos destinados a obras se canalizó mediante transferencias directas a comisiones vecinales.
En este esquema, los cheques eran endosados antes de que se adjudicaran formalmente las obras, lo que contraviene los procedimientos establecidos.
“Uno tiene que ganar primero el concurso y después recibir el dinero”, subrayó Benítez.
Necesidad de intervención para esclarecer los hechos
El contralor enfatizó la urgencia de intervenir la Municipalidad para acceder a la documentación necesaria y determinar si hubo perjuicio al patrimonio público.
“No decimos que nadie es culpable, se presume la inocencia, pero se tiene que intervenir porque nadie va a acceder a esa documentación que es necesaria para verificar si existe un perjuicio al patrimonio público o no”, advirtió.
La comisión especial tiene un plazo de 15 días para expedirse sobre el pedido de intervención, al igual que la comisión que estudia un caso similar en Ciudad del Este.
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