Diputados dejan firme el veto presidencial y archivan ley para personas con discapacidad
La Cámara de Diputados no logró reunir el quórum necesario para tratar el veto del Poder Ejecutivo a la ley que otorgaba una pensión mensual a personas con discapacidad.
Esto dejó sin efecto el proyecto aprobado previamente por el Congreso, que establecía el pago de un 25% del salario mínimo legal a beneficiarios inscriptos en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad.
La sesión estaba prevista para el jueves 23 de mayo, pero la mayoría de los legisladores del oficialismo no se presentaron.
Solo asistieron 39 diputados, cuando se requerían al menos 41 para dar inicio formal a la sesión.
Este escenario político derivó en el archivo automático del proyecto, que ya no podrá ser considerado en este periodo legislativo.
Reacción desde la oposición y sectores sociales
Durante el intento fallido de sesión, diputados de la oposición expresaron su frustración.
El diputado Édgar Acosta (PLRA) dijo: “Los que no se presentan hoy, niegan derechos y dan la espalda a los que más necesitan”.
Además, lamentó que el oficialismo priorice otros intereses por encima de políticas públicas inclusivas.
Organizaciones sociales y defensores de derechos de personas con discapacidad también manifestaron su rechazo.
En las afueras del Congreso, se congregaron representantes de estos sectores con pancartas y banderas, exigiendo un trato justo y equitativo desde el Estado.
¿Qué establecía la ley vetada?
La ley había sido sancionada en abril con el respaldo de ambas cámaras.
Establecía que las personas con discapacidad inscritas oficialmente recibirían una pensión mensual no contributiva, equivalente al 25% del salario mínimo vigente, es decir, unos G. 650.000.
Este subsidio buscaba reducir la desigualdad y promover una vida digna para personas que, en muchos casos, no pueden acceder al mercado laboral.
El Poder Ejecutivo objetó el proyecto alegando que no incluía previsiones presupuestarias claras y que podría afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Con la falta de tratamiento del veto, la propuesta quedó sin efecto automáticamente.
Qué dice la Constitución y qué se espera ahora
Según la Constitución Nacional, cuando un veto no es tratado en el plazo previsto o no se consigue la mayoría necesaria para rechazarlo, el mismo queda firme.
Así, el proyecto es archivado de forma definitiva y solo podría volver a plantearse en un nuevo periodo parlamentario.
Algunos sectores ya anunciaron que buscarán presentar una nueva versión del proyecto en la próxima legislatura, esta vez con los ajustes financieros necesarios.
Mientras tanto, persiste el reclamo por políticas de protección social que respondan a los sectores más vulnerables del país.
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