Juez desaforado y en la mira por pagarés

El juez de Paz fue desaforado por el JEM y será procesado por prevaricato y otros delitos

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) levantó la inmunidad del juez de Paz de la Recoleta, Víctor Nilo Rodríguez, quien ahora será procesado penalmente por prevaricato y otros hechos punibles. La decisión del JEM se da tras una nueva imputación del Ministerio Público que lo vincula con la estructura conocida como la “mafia de los pagarés”, responsable de estafas contra funcionarios del SNPP.

Pagarés fraguados y notificaciones simuladas

Según la fiscal Karina Caballero, entre 2020 y 2022, las empresas SERFIN S.A. y PRESTO S.A. presentaron pagarés adulterados por deudas ya canceladas para iniciar procesos ejecutivos fraudulentos ante el juzgado de Rodríguez. Las notificaciones a los afectados habrían sido falsificadas o directamente omitidas. Esto permitió que se dictaran embargos sin defensa previa. La Fiscalía señala que se usaron “notificaciones voladoras”, una práctica ilegal que simula notificar, pero no garantiza el conocimiento real del proceso.

Funcionarios judiciales y empresarios implicados

La investigación también salpica a funcionarios del juzgado. Fueron imputadas las actuarias Rosa del Pilar Lezcano Correa y Gloria Isabel Morínigo Gill, además de los ujieres notificadores Ingrid Prette y Fernando Cáceres. Todos habrían intervenido en los procesos irregulares. En el ámbito empresarial, están procesados Gustavo Omar Cartes y María Belén Cartes, directivos de PRESTO, junto con Gustavo Adolfo Díaz, presidente de SERFIN. A ellos se suman exdirectivos de la Asociación del SNPP: Arnaldo Maciel Riveros, Wilma Cabrera, Blas Mora Jiménez y Pedro Olmedo Caro.

Daño patrimonial y próximos pasos

El perjuicio económico calculado por el Ministerio Público supera los 5.541 millones de guaraníes, sin contar daños adicionales a las víctimas. Con la inmunidad levantada, el juez Rodríguez podrá ser sometido a juicio como cualquier ciudadano. La causa fue asignada al juez penal Miguel Palacios, quien deberá decidir sobre las medidas cautelares y la evolución del proceso.


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