La fiscala Karina Caballero presentó el lunes imputación contra el juez de Paz de Recoleta, Víctor Nilo Rodríguez por presunto prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso.
La investigación reveló un perjuicio patrimonial de más de G. 5.541 millones a la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP). Según la Fiscalía, los fondos, descontados de los salarios de los socios para el pago de créditos, no fueron destinados a cancelar las deudas correspondientes. En su lugar, se habrían utilizado pagarés falsificados para iniciar demandas judiciales y embargar salarios de deudas ya saldadas.
Funcionarios judiciales y empresarios implicados
Además del juez Rodríguez, fueron imputadas las actuarias Gloria Isabel Morínigo Gill y Rosa del Pilar Lezcano Correa, así como la ujier notificadora Ingrid Natalia Macarena Prette Goldenberg. También enfrentan cargos Arnaldo Rafael Maciel Riveros, ex presidente de la asociación; Wilma Mercedes Cabrera, ex tesorera; y representantes de las firmas Serfin SA y Presto SA, incluyendo a Gustavo Adolfo Díaz Cardozo y Gustavo Omar Cartes Araújo.
Esquema de notificaciones falsas y embargos ilegales
La fiscala Caballero detalló que se utilizaban notificaciones falsas para iniciar procesos judiciales sin que los afectados fueran debidamente informados. Esto permitía embargar salarios de funcionarios públicos por deudas ya canceladas, aprovechando la disponibilidad pública de sus datos personales. El esquema contaba con la colaboración de funcionarios judiciales y representantes legales de las casas de crédito involucradas.
Medidas alternativas a la prisión preventiva
La fiscala solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva para los imputados, mientras continúa la investigación.
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