Abogado imputado comparece tras días en la clandestinidad
El abogado Walter Ramón Acosta, imputado por coacción, coacción grave y resistencia, se presentó este jueves ante el Juzgado Penal de Garantías de Santa Rita, en el departamento de Alto Paraná. Era buscado por la justicia tras ser filmado golpeando a una funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN).
El hecho ocurrió durante una inspección en una estación de servicio. Acosta fue grabado agrediendo a una ingeniera del INTN. El video se viralizó rápidamente, generando indignación pública.
Comparecencia ante el juez Silva
Acompañado de su defensa, Acosta se presentó ante el juez Bernardo Silva, quien había emitido una orden de captura en su contra. La audiencia evaluará las medidas cautelares a imponer, dado que el acusado había estado en situación de rebeldía.
La agresión durante un procedimiento oficial
La imputación se basa en un incidente ocurrido en Tavapy, donde el INTN realizaba controles en una estación de la firma 3 Fronteras. En ese contexto, Acosta abofeteó a la ingeniera Lourdes Sosa, mientras ella labraba un acta de irregularidades. El ataque fue registrado en video y tuvo amplia repercusión.
Revocación de la captura por la Cámara
La Cámara de Apelaciones de Alto Paraná, integrada por Efrén Giménez, Raúl Insaurralde y Marta Acosta, revocó la orden de captura. Esta decisión permitió que Acosta comparezca de forma voluntaria. La medida fue criticada por varios gremios de abogados, que acusan a los jueces de favorecer la impunidad.
Acción de la Corte y presión institucional
El ministro de la Corte Suprema, Gustavo Santander, pidió una investigación contra Acosta por su conducta como auxiliar de justicia. A su vez, el Colegio de Abogados Democráticos del Paraguay solicitó un sumario contra los camaristas, cuestionando su actuación en el caso.
Próximos pasos en el proceso
Tras su presentación, el juez deberá definir las medidas a aplicar. El seguimiento del caso continúa, con expectativa social y presión para que se garantice justicia. Organizaciones exigen que se siente un precedente contra la violencia a funcionarios públicos.
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