Impulso a la infraestructura mediante alianzas público-privadas
El Gobierno de Paraguay ha promulgado la Ley N.º 7.452/2025, que reemplaza a la anterior Ley N.º 5.102/14 de Alianza Público-Privada (APP). Esta nueva normativa tiene como objetivo atraer inversiones para mejorar sectores esenciales como agua, saneamiento, energía y el desarrollo de un ferrocarril. La iniciativa busca fomentar una mayor colaboración con el sector privado para modernizar la infraestructura del país.
Detalles de la nueva legislación
La ley, titulada «De modernización del régimen de promoción de la inversión en infraestructura pública, ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado», facilita la captación de inversiones en diversas áreas. Durante un encuentro organizado por la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil (CCPB), el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, destacó que esta normativa permitirá mejorar la eficiencia del sector privado y atraer capital extranjero.
Proyectos estratégicos en marcha
Uno de los proyectos destacados es el desarrollo de un ferrocarril que conectará Asunción con Ciudad del Este. Según el ministro, esta iniciativa privada ya cuenta con financiación y un estudio de factibilidad. El ferrocarril iría paralelo a la ruta que lleva a Ciudad del Este, aunque no se han brindado más detalles sobre la empresa involucrada ni el tramo específico.
Además, se prevé que los recursos provenientes de la renegociación del tratado con Itaipú aporten aproximadamente 650 millones de dólares adicionales al país. La mayor parte de estos fondos se destinarán a proyectos de infraestructura, lo que representa una oportunidad significativa para el desarrollo nacional.
Oportunidades para inversiones extranjeras
El economista y exministro de Hacienda, César Barreto, resaltó que el momento es especialmente favorable debido al grado de inversión alcanzado por Paraguay. Esto facilita la emisión de bonos en los mercados internacionales, haciendo que los proyectos de APP puedan despegar con fuerza, generando empleo y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. La nueva ley otorga al Ministerio de Economía un papel rector, consolidando funciones antes dispersas entre diferentes instituciones y aumentando los montos que el fisco puede comprometer en estos contratos.
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