Operativo Ñuati: el engaño detrás de la iglesia y los viajes «gratis»

Prisión preventiva y captura de prófugos por narcotráfico

La jueza Lici Sánchez ordenó la prisión preventiva de cuatro individuos vinculados al Operativo Ñuati, acusados de tráfico internacional de drogas, tenencia y comercialización de estupefacientes, y asociación criminal. Además, declaró en rebeldía a otros dos sospechosos.

Detalles de los imputados y sus roles en la organización

  • Wilfrido Ceferino Estigarribia Benítez: Presunto financista de la organización, propietario de una propiedad en Ponta Porã, Brasil, utilizada como punto de acopio de drogas.

  • Gabriel Marino Dávalos Cartasso: Alias «PAI», actuaba como guía turístico del grupo religioso, reclutando personas para viajes con fines religiosos que servían como fachada para el transporte de sustancias ilícitas.

  • José María Godoy Fretes: Conductor de los buses utilizados para el traslado de la droga desde Paraguay hasta Brasil.

  • Leandro Javier Zevallos: Acompañante (guarda) del bus empleado por la organización para el transporte de la droga.

Los declarados en rebeldía y con órdenes de captura son Óscar Florentín Olmedo, identificado como líder de la organización, y Marcos Antonio Sánchez Gómez, ambos imputados por tráfico internacional de drogas peligrosas, tenencia, comercialización y asociación criminal.

Modus operandi de la organización criminal

La investigación, iniciada el 31 de octubre de 2024 bajo el nombre de Operativo Ñuati, reveló que la organización utilizaba una agencia de viajes como fachada para transportar 2.196 kilogramos de marihuana a Brasil. Operaban desde el departamento Central de Paraguay hacia Brasil, empleando una empresa de transporte y turismo de larga distancia al servicio de una supuesta iglesia Umbanda denominada Centro Espiritual: Instalaciones de Ile Mbokaja Ñuati Conga Pae Marcos de Oxossi. Ofrecían viajes gratuitos al exterior del país, incluyendo guías turísticos, durante los cuales presumiblemente se transportaban drogas prohibidas.

Decisión judicial y fundamentos

La jueza Lici Sánchez, al analizar las medidas cautelares, señaló que existen suficientes elementos de convicción que acreditan la hipótesis presentada por el Ministerio Público. Destacó la gravedad de los hechos imputados, que según la legislación paraguaya pueden ser castigados hasta con 25 años de pena privativa de libertad en los casos más graves. Por ello, decretó la prisión preventiva de los mencionados imputados.


¿Qué opinás sobre este caso?

Dejá tu comentario y seguí leyendo más noticias

Unite a nuestro canal de WhatsApp y recibí las noticias al instante. Hacé clic aquí para unirte

Descubre más desde El Paraguayo Independiente

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo