Orlando Arévalo contraataca y pide imputación del juez Osmar Legal
El diputado Orlando Arévalo presentó una denuncia penal por supuesto prevaricato en contra del juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar David Legal Troche, por supuestamente haber violado el debido proceso para su beneficio personal. El magistrado fue quien la semana pasada remitió al Ministerio Público un escrito con los chats entre el legislador cartista y el exdiputado fallecido Eulalio «Lalo» Gomes, que configurarían tráfico de influencias y otros hechos punibles.
Acusaciones de violación al debido proceso
La denuncia fue presentada este lunes ante la Fiscalía por el Abg. Guillermo Duarte Cacavelos, en representación del diputado renunciante Orlando Arévalo (ANR-HC), en contra del juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado del 2° Turno Osmar David Legal Troche, a quien acusa de cometer prevaricato y que, incluso, su conducta podría subsumirse en otros tipos penales.
En concreto, Orlando Arévalo denuncia que Legal violó tanto el debido proceso como el derecho a la defensa, ya que accedió de forma indebida al peritaje del celular del exdiputado colorado fallecido Eulalio «Lalo» Gomes, mediante un anticipo jurisdiccional de pruebas que, según afirma el legislador denunciante, correspondía a la Fiscalía.
“A causa de una decisión judicial que violó las garantías del debido proceso —en favor de una parte (juez) en desmedro de las otras dos (defensa y Fiscalía)— fue publicado por los medios de prensa y gracias a la intervención de un juez de garantías como supuesto participante de hechos punibles”, resalta parte del escrito de denuncia presentado esta mañana bajo patrocinio de Duarte Cacavelos.
Al respecto, el denunciante indica que el juez de Garantías accedió al contenido de los equipos incautados indebidamente y, rompiendo la cadena de custodia, decidió que la extracción era definitiva e irrepetible y el resultado lo utilizó en su provecho y los entregó a los medios de prensa antes de convocar a una audiencia para que las defensas y el Ministerio Público accedan a ellas.
En la denuncia, el diputado Orlando Arévalo agrega que la Fiscalía, pese a ser una de las partes afectadas por el supuesto actuar irregular de Legal, mantuvo una “posición pasiva” al no interponer ningún tipo de recurso en contra del magistrado “que se extralimitó en sus atribuciones”.
Legal filtró datos a la prensa, según denuncia
Arévalo afirma en su denuncia que el 3 de febrero del 2025, el juez de Garantías Osmar Legal habría dado acceso a la prensa de la información contenida en los equipos incautados en los procedimientos de allanamientos llevados a cabo en el marco de la causa penal N° 8198/2023 “Eulalio Gomes Y Otros S/ Ley 1881/2002 Que Modifica la ley 1340/88” y habría remitido a la Fiscalía General del Estado una denuncia sobre hechos relacionados a la citada causa, en la cual se menciona al señor Orlando Arévalo.
Sin embargo, recién el pasado 6 de febrero, el juez Legal llevó a cabo un acto, que también sería irregular o no aplicable al caso, en el cual habría dado acceso a la copia «espejo» de la extracción de datos a las defensas de los imputados en la citada causa y al Ministerio Público, y recién en este acto se habría redactado un acta en la cual, al menos, según la norma aplicada, se dejó constancia del supuesto «primer» acceso de las partes a la evidencia, cuando que claramente ya fue manipulada con anterioridad por el magistrado.
Sospechas sobre el actuar de la Fiscalía
En el escrito de 8 páginas, el parlamentario colorado resalta que “la conducta prevaricadora se da cuando una resolución jurídica a cargo de un juez se contrapone con el ordenamiento jurídico”.
Añade que fue la Fiscalía quien, conforme a la redacción del requerimiento número 156 del 4 de diciembre de 2024, optó, por alguna razón, solicitar solamente el acceso a la información contenida en los dispositivos incautados en el «Caso Lalo Gomes», es decir, luego de la obtención del elemento de prueba, solicitó su incorporación al proceso con autorización judicial y no solicitó la producción de la prueba, que es lo que se logra por medio del Anticipo Jurisdiccional de Pruebas.
“Entonces, se puede sospechar que el órgano de investigación desconocía los eventuales elementos de prueba que había obtenido con el allanamiento y que a través de la autorización del juez incorporaría legalmente esa información al proceso”, puntualiza otra parte del escrito de denuncia.
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