Suspensión y remisión al JEM y Ministerio Público
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) adoptó una decisión trascendental al suspender a las juezas de Paz Carmen Analía Cibils, del juzgado de Paz de La Encarnación, y Liliana González de Bristot, del juzgado de Paz de San Roque. La suspensión incluye el goce de sueldo básico y la remisión de los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y al Ministerio Público. Además, se ordenó un sumario administrativo para ambas magistradas.
Funcionarios implicados y medidas complementarias
La CSJ también suspendió a los funcionarios de ambos juzgados. Los afectados son: Martina Rivela Santacruz, Ricardo Ramón Cuevas, Nicolás Antúnez Tillería, Audrey Galeano, Héctor Noguera, Óscar Frutos Meza, Guadalupe Almada, Patricia Leiva y Víctor Santacruz González. Estas medidas buscan garantizar el desarrollo transparente de las investigaciones.
La Corte ratificó, además, la auditoría de reacción inmediata en los juzgados de Paz de Santísima Trinidad, La Recoleta y Villamorra, como parte del plan para identificar a los responsables dentro de un supuesto esquema criminal.
Auditorías y análisis patrimonial
Mediante la Resolución N° 1739, la CSJ ordenó que la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional supervise la auditoría. El objetivo es esclarecer las denuncias que señalan un sistema organizado para despojar a ciudadanos de sus haberes de forma irregular. Paralelamente, se remitió la nómina de jueces y funcionarios de los juzgados investigados a la Contraloría General de la República (CGR) para un análisis de correspondencia patrimonial.
Estructura del esquema criminal
La denuncia apunta a la existencia de un esquema que involucra a magistrados y funcionarios de los juzgados de Paz, señalando prácticas irregulares para adquirir bienes de manera ostentosa. Según los informes preliminares, los juzgados afectados serían los de Catedral 1° y 2° Turno, San Roque y La Encarnación.
Este esquema presuntamente operaba a través de expedientes falsificados y resoluciones judiciales manipuladas para despojar de bienes a personas y beneficiarse económicamente. La investigación también menciona la vida lujosa de varios involucrados, lo que generó mayor sospecha.
Impacto y próximas acciones
La decisión unánime de la Corte refleja un compromiso firme con la transparencia y la justicia. La remoción temporal de los implicados permite un análisis exhaustivo de los casos y protege la integridad del sistema judicial. Las auditorías en curso podrían arrojar nuevas evidencias, mientras que el JEM y el Ministerio Público determinarán las responsabilidades penales y administrativas.
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