PGN 2025: “Nepobabies” y clientela política se aseguran millonarios beneficios
Confirmada la autoexoneración para el ingreso de “nepobabies” y clientela política
El Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025 confirma que los “nepobabies” (hijos y familiares de altas autoridades) y la clientela política seguirán gozando de excepciones y beneficios dentro del sector público. El dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso incluyó nuevamente el artículo que permite al Poder Legislativo y al Poder Judicial realizar nombramientos y promociones, eludiendo las restricciones de la Ley de la Función Pública y la Ley Godoy.
Artículo 60: el “pase libre” que el Congreso vuelve a incluir
El artículo 60 del proyecto de ley de PGN 2025 permite al Poder Legislativo y al Poder Judicial contratar y promover funcionarios sin necesidad de cumplir con los requisitos de concursos públicos ni con las restricciones para contratar parientes. Esta disposición, incluida por la Bicameral, no formaba parte del proyecto de ley original presentado por el Poder Ejecutivo el 30 de agosto, sino que fue agregada por el Congreso desde el año 2022.
Contradicciones con la Ley de la Función Pública y la “Ley Godoy”
La Ley de la Función Pública establece que el acceso y promoción en el servicio público deben realizarse mediante concurso público de oposición. Por su parte, la Ley Godoy, impulsada en 2020 por el entonces senador Sergio Godoy, prohíbe el nombramiento de familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad de las máximas autoridades en cualquier organismo estatal, salvo que el ingreso sea a través de concurso.
Privilegios adicionales para los parlamentarios en el PGN 2025
Además de estas excepciones, el PGN 2025 incluye otros beneficios para los legisladores, como la entrega mensual de vales de combustible por G. 5.000.000 y la cobertura de un seguro médico VIP de G. 1.200.000. Estos beneficios adicionales refuerzan los privilegios que sectores políticos han mantenido a lo largo de los años.
Implicaciones para la ciudadanía y cuestionamientos al gasto público
El gasto millonario que implica esta autoexoneración es un golpe para la ciudadanía, que continúa pagando impuestos sin ver mejoras significativas en servicios públicos esenciales como salud, educación y seguridad. La reiterada inclusión de estas excepciones en el presupuesto refleja un modelo que beneficia a ciertos sectores, mientras el resto de la población espera respuestas a sus necesidades prioritarias.
