El Tribunal extiende investigación sobre exfuncionario de la Municipalidad de Asunción
El Tribunal de Apelación ha otorgado una prórroga de seis meses a la Fiscalía para continuar la investigación sobre Wilfrido Cáceres, exdirector financiero de la Municipalidad de Asunción.
La medida también se extiende a su esposa, Ruth Da Silva, su secretaria Camila Ramírez Gómez y Elvira Vda de Ramírez Gómez, todos implicados en una causa que involucra presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La nueva fecha límite para la presentación del requerimiento conclusivo por parte de los fiscales Silvio Corbeta y Luis Piñánez ha sido fijada para el 13 de mayo de 2025.
Argumentos del Ministerio Público para la extensión
En el escrito presentado por el Ministerio Público, los fiscales destacaron la necesidad de más tiempo para realizar varias diligencias clave.
Según el documento, aún están pendientes pruebas fundamentales para sustentar un requerimiento conclusivo adecuado y acorde a los principios de objetividad y justicia.
El proceso de investigación se ha extendido debido a la complejidad del caso, que involucra un análisis minucioso de hechos ocurridos durante los últimos diez años, coincidiendo con el periodo en que Cáceres ocupó cargos de relevancia en la Municipalidad de Asunción.
Inconsistencias patrimoniales y hallazgos de la Contraloría
El caso tomó relevancia tras una denuncia presentada por la Contraloría General de la República, la cual detectó inconsistencias patrimoniales significativas en las declaraciones de Cáceres y su esposa, particularmente entre 2019 y 2021, años en que desempeñó cargos clave en la administración municipal.
La auditoría reveló que los bienes declarados no correspondían con los ingresos obtenidos por la pareja, lo que activó la investigación actual.
A raíz de estos hallazgos, se emitió una primera imputación en mayo, y luego, en julio, una segunda imputación ampliada que incluyó a más personas involucradas.
Evolución del caso y futuras expectativas
La investigación sobre Wilfrido Cáceres ha revelado múltiples elementos que sugieren la participación de otras personas en los actos ilícitos.
Esta situación ha complicado el caso, pero también ha permitido a la Fiscalía identificar nuevos ángulos de investigación que deberán completarse antes de emitir un requerimiento final.
Las autoridades esperan que el análisis de las pruebas patrimoniales y financieras, cruzadas con datos de entes públicos y privados, esclarezcan el origen de los bienes y las posibles irregularidades en la gestión municipal durante el periodo de investigación.
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