Juicio a exfiscala Ana Girala se posterga para 2025
El juicio oral y público a la exfiscala Ana Girala y otros acusados por un presunto esquema de coima para dictar imputaciones y otorgar salidas procesales será recién a inicios del próximo año. El juzgamiento debió iniciar hoy, pero una de las juezas tenía la continuidad de otro juicio por supuesta corrupción.
Postergación del juicio
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción, integrado por las juezas Yolanda Morel, como presidenta; Ana Rodríguez y Karina Cáceres, como miembros titulares, postergó para el 10 de febrero de 2025 el inicio del juicio oral a la exfiscala de San Lorenzo Ana Elizabeth Girala López y otros acusados.
El inicio del juzgamiento estaba marcado para las 07:30 de este miércoles, pero el Tribunal de Sentencia resolvió reprogramar para el próximo año porque la presidenta del colegiado tenía la continuidad del juicio en la causa “Nelzo Ramón López Ruiz y otros s/ lesión de confianza”.
Los cargos presentados
La acusación fue presentada en agosto de 2023 por el entonces fiscal Osmar Legal (actualmente juez de Garantías de Crimen Organizado) y el fiscal Francisco Cabrera, en contra de la exfiscala de San Lorenzo Ana Girala por presunta extorsión, cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado, persecución de inocentes y asociación criminal, en calidad de autora.
Por su parte, las funcionarias de la fiscalía Christi Magalí Ortega Domínguez y Griselda Beatriz Acha Alcaraz fueron acusadas por los mismos delitos como coautoras y cómplices.
Otros implicados en el caso
La abogada Liz Elena Martínez Robles fue acusada por supuesta extorsión, tráfico de influencias y asociación criminal; el abogado Marcos Aurelio Velazco Mendoza, por soborno agravado, tráfico de influencias y asociación criminal; y la abogada Nélida Alcaraz Bogarín, como presunta autora de tráfico de influencias.
Esquema de corrupción encabezado por Girala
Según la acusación, la fiscal Ana Girala, su asistente Christi Ortega y la secretaria Griselda Acha mantenían una coordinación conjunta “para obtener réditos económicos de las causas penales tramitadas en dicha unidad fiscal, asegurándose de no ser descubiertas”.
El Ministerio Público sostiene que Girala determinaba en qué causas se podían realizar “negociaciones” de acuerdo al perfil de los involucrados o los abogados que intervenían, fijando un “precio” por las diligencias que podían incluir pedidos de allanamientos, salidas procesales o imputaciones.
