Fiscalía investiga impacto ambiental en Vallemí y San Lázaro
Denuncias de impactos ambientales en Vallemí
El agente fiscal Carlomagno Alvarenga, en coordinación con la Unidad Especializada de Delitos Ambientales, llevó a cabo dos procedimientos en las localidades de Vallemí y San Lázaro. Esto ocurrió tras denuncias de pobladores que alegan impactos ambientales provocados por la Industria Nacional del Cemento (INC) y la empresa Calpar.
Las denuncias sostienen que el material utilizado por la INC, conocido como PETCOKE (carbón mineral), produce un polvo que se impregna en las calles, casas, techos y paredes, además de un supuesto olor. Los pobladores exigen la prohibición del traslado de este material por zonas urbanas.
Procedimiento en Vallemí
En el primer allanamiento, realizado en las instalaciones de la Industria Nacional del Cemento, el fiscal Alavarenga explicó que la Fiscalía verificó el lugar de descarga del material y el trayecto hasta la fábrica, a fin de hacer mediciones y mapeo. Además, se inspeccionaron las áreas de manipulación y procesamiento del material dentro de la planta.
“Se accedió a copias de la declaración de impacto ambiental y se solicitó el plan de gestión ambiental,” indicó Alvarenga. También se pidieron informes al Centro Nacional de Toxicología y a hospitales y centros de salud de Vallemí y Concepción para investigar si ha habido internaciones o consultas relacionadas con posibles afectaciones por este producto.
Denuncias en San Lázaro
Por otra parte, los habitantes de San Lázaro denunciaron que una fábrica trituradora de piedra, ubicada en el lugar, genera gran cantidad de polvo que afecta la calidad de vida. Los moradores afirman que no pueden sentarse frente a sus casas durante las horas de operación de la fábrica.
Procedimiento en San Lázaro
En el segundo allanamiento, el fiscal constató que la planta trituradora cuenta con permiso administrativo y con una declaración de impacto ambiental. “Se solicitó también el plan de gestión ambiental para verificar si las operaciones se ajustan a lo permitido,” expresó Alvarenga. Durante la inspección, no se encontró evidencia de la producción de cal agrícola, otra de las denuncias de los habitantes.
Próximos pasos
Las autoridades ahora analizarán las documentaciones recabadas y los informes solicitados a las instituciones ambientales y de salud, con el fin de determinar si las actividades denunciadas se ajustan a las normativas vigentes. El fiscal Alvarenga aseguró que la investigación continuará para dar respuesta a las preocupaciones de los pobladores de Vallemí y San Lázaro.
