La Contraloría General de la República ha emitido un informe parcial que revela diversas irregularidades en la administración de fondos por parte de la Gobernación del Alto Paraguay durante el mandato del exgobernador y actual diputado nacional José Domingo Adorno.
Según el informe, se han registrado pagos injustificados que ascienden a G. 500 millones por trabajos de corta fuego, que, de hecho, nunca fueron ejecutados por la institución sino que fueron llevados a cabo y financiados por los ganaderos locales.
Pagos sin sustento en combustibles y lubricantes
Según una publicación del diario ABC, la auditoría también ha destapado que durante el año 2019, la Gobernación realizó pagos millonarios por la supuesta compra de combustibles y lubricantes a proveedores específicos sin la debida justificación documental.
Entre los proveedores implicados se encuentra Hidrocarburos del Norte y Mundo Comercial, empresas que recibieron grandes sumas de dinero, respectivamente, sin los correspondientes respaldos que justifiquen tales desembolsos.
Además, se han identificado transferencias de dinero a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro por un total de G. 485.667.998.
Estos aportes carecían de los necesarios documentos de rendición de cuentas, lo que plantea serias dudas sobre el uso final de estos fondos.
Específicamente, un pago de G. 85.681.000 al Vicariato Apostólico del Chaco y a una asociación denominada Alto Paraguay no cuenta con ninguna documentación que respalde la transacción.
Respuesta del diputado Adorno
En respuesta a las acusaciones, el exgobernador José Domingo Adorno ha declarado que ha remitido todos los documentos respaldatorios necesarios a la Contraloría y niega cualquier acto de malversación.
Adorno ha enfatizado que los documentos presentados cubren todas las observaciones señaladas en el informe parcial y espera pronto la conclusión del informe final para esclarecer completamente la situación.
Denuncias en espera y posibles repercusiones
El caso también se encuentra en manos del Ministerio Público, donde las denuncias relacionadas con estos hechos permanecen sin resolución.
Estas incluyen acusaciones de corrupción vinculadas al manejo inadecuado de fondos durante la sequía del 2019 y el uso de fondos para la pandemia de COVID-19 para propósitos no relacionados con la emergencia sanitaria.
La lentitud en el proceso investigativo y las continuas prorrogas en la entrega de documentación por parte de la Gobernación han sido factores contribuyentes a la demora en la resolución de estas denuncias.
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