José Casañas Levi, abogado y ex director de la Unidad Anticorrupción del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), reafirmó sus dichos sobre la validez del título de abogado del senador Hernán Rivas.
En 2020, Levi inició una investigación que concluyó que no se debía inscribir el título de Rivas, debido a la falta de evidencia de que realmente hubiera cursado la carrera de Derecho.
Esta investigación surgió en un contexto donde ya existían dudas sobre la formación académica de Rivas desde su periodo como diputado.
Levi destacó irregularidades en el certificado de estudios de Rivas, señalando que todas las notas de las materias que supuestamente cursó aparecían únicamente en la sede de Luque.
Esto contrastaba con las declaraciones de Rivas, quien afirmó haber estudiado en tres diferentes ciudades del país.
Además, el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) informó que la Universidad Sudamericana, donde Rivas afirmó haber estudiado, no estaba habilitada para expedir títulos de abogado.
La investigación de Levi fue archivada por el MEC durante la administración de Eduardo Petta, quien ordenó una auditoría interna y del Ejecutivo.
Esta auditoría concluyó con la validación del título universitario de Rivas. Levi, al ser consultado sobre el informe de la auditoría, lo calificó de «totalmente inconsistente» y afirmó que no refutaba los puntos señalados en su investigación.
El senador Basilio Bachi Núñez, acusó a Levi de ser un «planillero» en el Congreso Nacional, alegando que Levi, nombrado desde 2015, rara vez se había visto en su puesto de trabajo.
Levi, actualmente asesor del senador Rafael Filizzola, rechazó estas acusaciones, explicando que su labor se centra en dictaminar proyectos de ley y en otras tareas legislativas.
La controversia en torno a la titulación de Hernán Rivas plantea preguntas sobre la integridad académica y la transparencia en el ámbito político de Paraguay.
Mientras Levi sostiene la falta de evidencia sobre la formación académica de Rivas, el caso se ve envuelto en acusaciones políticas y decisiones administrativas que han llevado a su archivamiento.
Este caso destaca la importancia de la verificación y la transparencia en las credenciales académicas, especialmente en figuras públicas y políticas.
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