El empresario Paul Hellmers, conocido por su cercanía con el presidente Mario Abdo Benítez y quien estuvo a cargo de las labores de refulado para el Puente Chaco’i, está promoviendo la construcción de un barrio cerrado denominado Condominio Cerrado La Ribera, a través de la empresa Probienestar SA (Signature Desarrollos).
Este proyecto se encuentra parcialmente en terrenos pertenecientes a la comunidad indígena Fray Bartolomé de las Casas, del Pueblo Maká, en el distrito de Villa Hayes, departamento de Presidente Hayes.
Los Maká han denunciado que no se les consultó adecuadamente y que la construcción del puente y el nuevo emprendimiento inmobiliario invaden y afectan sus tierras ancestrales.
El Ministerio del Ambiente había aprobado inicialmente un ajuste al plan de gestión ambiental para la construcción del barrio cerrado en mayo de 2023, pero luego suspendió esta resolución en septiembre del mismo año debido al incumplimiento de dicho plan por parte de la empresa.
A pesar de la suspensión, la empresa continuó con las obras, lo que llevó a una intervención ministerial que ordenó detener el dragado en el río Paraguay.
El fiscal del Ambiente, Fernando Ariel González, ha notificado la suspensión a la empresa y ha solicitado informes al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) sobre las actividades de refulado en las tierras de los Maká.
Además, se ha levantado preocupación ciudadana por el potencial daño ambiental, ya que se sospecha que la empresa ha estado extrayendo arena de manera indiscriminada, afectando incluso el Riacho Payaguá.
La comunidad Maká sostiene que la construcción del Puente Chaco’i se llevó a cabo sin el debido proceso de consulta y consentimiento previo, libre e informado, que es un requisito obligatorio para el Estado según el decreto N. 1039.
Este decreto estipula que cualquier proyecto que pretenda afectar tierras indígenas debe contar con el permiso escrito de las comunidades nativas, cuya decisión debe ser respetada sin ejercer presiones.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ha iniciado una investigación sobre la invasión de las tierras de la comunidad indígena y las posibles infracciones relacionadas con los trabajos de dragado y refulado en la zona.
Este caso pone de manifiesto las tensiones entre los desarrollos empresariales y los derechos de las comunidades indígenas, así como la importancia de la protección ambiental.
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