La Fiscalía ha intensificado las acciones legales en el caso «A Ultranza Py», ampliando la imputación contra el exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa.
Roa, quien ya enfrentaba cargos por cohecho pasivo agravado y lavado de dinero, ahora también es investigado por los delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio.
En el mismo caso, el empresario Alberto Koube Ayala ha sido imputado como cómplice en el delito de lesión de confianza, así como por asociación criminal y lavado de activos, en calidad de coautor.
Koube ya estaba procesado por soborno agravado y lavado de activos y figura entre los acusados en el proceso de «A Ultranza», que aún se encuentra en etapa de audiencia preliminar.
La ampliación de la imputación se basa en evidencias recabadas durante allanamientos realizados en el operativo «A Ultranza Py».
La trama también incluye transacciones sospechosas y la adquisición de bienes de alto valor, como una camioneta y una embarcación, que habrían sido ocultados por Roa debido a su presunto origen ilícito.
Roa, quien renunció a su cargo tras el escándalo, habría beneficiado sistemáticamente a empresas asociadas a Koube con licitaciones y contrataciones estatales por valores que superan los 16.000 millones de guaraníes, entre los años 2018 y 2021.
El caso también destapa una serie de maniobras fraudulentas, como la simulación de concursos de precios y la adjudicación de contratos a empresas que no entregaron los materiales comprometidos, provocando un perjuicio económico significativo al patrimonio estatal.
Con la imputación ampliada, se espera que los acusados enfrenten un escrutinio legal más severo. Los procedimientos judiciales están programados para continuar.
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