El ministro de Justicia, Ángel Barchini, expresó su descontento con la forma en que los medios de comunicación, informaron sobre la crisis en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.
Según Barchini, estas publicaciones tergiversaron la realidad, sugiriendo que el Ministerio de Justicia cedió ante las demandas del clan Rotela al permitir la entrada de nuevos internos a la prisión. Barchini enfatizó que su decisión buscaba aliviar el hacinamiento en otras cárceles y no estaba relacionada con las exigencias del clan Rotela.
Barchini fue más allá al afirmar que las publicaciones de los medios fueron la causa directa del motín en Tacumbú, desencadenado por el clan Rotela el 11 de octubre.
Criticó a los medios por distorsionar la información de un informe presentado al presidente Santiago Peña, en el que se exploraban diferentes escenarios sobre la situación del policía Oliver Lezcano, desaparecido y preso por homicidio.
Barchini aclaró que nunca afirmó categóricamente que Lezcano había sido asesinado por el clan Rotela, como sugirieron los medios.
Desafíos del sistema penitenciario
El ministro también abordó los retos a los que se enfrenta el sistema penitenciario paraguayo, destacando el constante flujo de nuevos internos y la orden judicial de cerrar la Penitenciaría de Emboscada.
Mencionó la falta de personal, la necesidad de trasladar la cárcel de mujeres Buen Pastor y la modernización del Registro Civil como parte de los problemas a resolver.
A pesar de los desafíos, Barchini aseguró que el Estado tiene el control de todos los centros penitenciarios, aunque reconoció que este control no es suficiente y que la situación es frágil. Hizo hincapié en la necesidad de tecnología, formación del personal, un mejor presupuesto y seguros de vida para los funcionarios.
Huelga de funcionarios penitenciarios
Finalmente, Barchini se refirió a la huelga de funcionarios penitenciarios y la reticencia de los guardias de Tacumbú a ingresar al penal desde el motín.
Aseguró que se han ofrecido garantías para su seguridad y especuló que hay intereses financieros detrás de las medidas de fuerza. Afirmó que se tomarán medidas contra los funcionarios en huelga y reivindicó el derecho a la manifestación, pero advirtió que no se cambiará a ningún jefe de seguridad bajo presión.
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