Ley de conflicto de intereses: ¿Senadores realizan modificación a medida?

La Cámara de Senadores ha dado luz verde, aunque con ciertas alteraciones, a la iniciativa legislativa destinada a limitar el alcance y las penalizaciones estipuladas en la ley N° 7089/23. Esta ley aborda la prevención, rectificación y castigo de los conflictos de interés en el ámbito público.
Conocida también como la ley de «Puerta Giratoria», su objetivo es prevenir que altos cargos públicos se unan a empresas que debieron ser reguladas por ellos, o se beneficien de licitaciones, utilicen información confidencial o posean acciones en compañías contratadas por el Estado, entre otros aspectos.

El proyecto recibió aprobación previa en la Cámara de Diputados, pero el Senado, en su última sesión, introdujo varias modificaciones y lo envió de vuelta a la cámara de origen. Independientemente de la resolución que tomen los diputados, la ley resultará distorsionada.

Modificaciones que desvirtúan la ley

El dictamen aprobado provino de la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Lilian Samaniego (ANR), y las enmiendas propuestas fueron obra del senador Dionisio Amarilla (PLRA).

Entre las modificaciones más destacadas se encuentra la eliminación de la consideración del grupo familiar, sin importar el grado de parentesco.

Otro cambio relevante es que la ley ahora solo será aplicable a los funcionarios que asuman sus cargos a partir de ahora en adelante. Esto significa que aquellos que ya estén en funciones no se verán afectados por las nuevas disposiciones, una decisión que ha generado diversas opiniones entre los expertos y la opinión pública.

Además, se ha decidido eliminar la cláusula que establecía la inhabilitación para ejercer cargos públicos como una posible sanción en casos de conflictos de intereses.

Kattya González (PEN) expresó que estos cambios tergiversan por completo la ley vigente, acusando al gobierno de votar en contra de su propia política de transparencia supuesta.

Por otro lado, Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) argumentó que estas modificaciones eliminan prácticamente todos los aspectos relacionados con la transparencia y las sanciones de la ley, ya que los parlamentarios buscan proteger a sus extensas redes familiares dentro de la función pública.

Finalmente, la votación arrojó un resultado de 26 legisladores a favor del proyecto en general, nueve en contra y cuatro abstenciones. En la votación particular, se opusieron Celeste Amarilla, Kattya González, Eduardo Nakayama, Rafael Filizzola, Yolanda Paredes y José Oviedo.


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