En entrevista con Radio Ñanduti realizada, el director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, Armindo Torres, hizo importantes declaraciones sobre el incumplimiento de legisladores y funcionarios públicos en lo que respecta a la presentación de sus declaraciones juradas de bienes.
La fecha límite para la presentación de estas declaraciones venció el 21 de julio, y Torres señaló que algunas figuras salientes y entrantes no han cumplido con este requisito legal.
Según Torres, más de 15 legisladores salientes no han presentado su declaración jurada de bienes, lo que ha llevado a la apertura de sumarios administrativos y la posibilidad de imponer multas que pueden alcanzar hasta el 100% de su salario.
Además, se han iniciado sumarios administrativos para más de 90 concejales departamentales salientes que no cumplieron con este requisito, así como para más de 30 concejales departamentales que asumieron sus cargos en el nuevo período y tampoco presentaron sus declaraciones juradas de bienes.
El director de Declaraciones Juradas destacó que la ley establece sanciones severas para quienes no presenten sus declaraciones en tiempo y forma.
Declaración de intereses
La ley estipula que se deben declarar hasta el segundo grado de afinidad y consanguinidad, proporcionando datos personales, lugar de trabajo, RUC de la empresa donde trabajan, cargo y actividad. La Contraloría evalúa si existe conflicto de interés en estas relaciones.
En relación al conflicto de interés en legisladores, Torres enfatizó que, antes de asumir un cargo público, es necesario renunciar a acciones o venderlas en el caso de estar vinculados directamente a una empresa que proveerá servicios al Estado. Sin embargo, aclaró que la ley no prohíbe vender acciones a familiares.
En los casos de conflicto de interés comprobados, la Contraloría notifica al funcionario afectado, quien tiene 15 días para presentar su descargo. Posteriormente, la respectiva cámara legislativa evalúa la sanción a aplicar.
La presentación de declaraciones juradas y la prevención de conflictos de interés son elementos esenciales en la transparencia y la lucha contra la corrupción en el ámbito legislativo y en la función pública en general.
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