En un giro sorprendente de los acontecimientos, la Empresa POTI ha logrado obtener una autorización especial por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) mediante la Resolución DNCP número 3701/23.
Esta resolución permite a POTI suspender el llamado del Servicio de Limpieza con ID 434.507 actualmente convocado por el Instituto de Previsión Social (IPS), a pesar de las serias denuncias que pesan sobre ella por presuntas maniobras relacionadas con la contratación de empleados fantasma con el fin de aumentar su lista de nómina y obtener ganancias indebidas precisamente en el Instituto de Prevision Social (IPS).
Lo más llamativo y preocupante es que, a pesar de los meses transcurridos desde el inicio de la evaluación, a cargo del Departamento de Sumarios de la Dirección Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP) desde julio del año pasado, no se ha logrado ningún avance significativo.
Esta falta de resultados y transparencia en el proceso solo alimenta la desconfianza de la ciudadanía y refuerza la percepción de impunidad que permea nuestras instituciones. Sin dejar de mencionar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social quien tampoco ha demostrado interés ni voluntad en velar por lo derechos laborales de las personas mencionadas en la frondosa lista publicada.
Estos hechos suponen una fuerte indiferencia ante estas prácticas corruptas han socavado la integridad de la institución y minado la confianza de la sociedad en su capacidad para administrar de manera eficiente y honesta.
Lo que resulta aún más increíble es que la DNCP, la entidad encargada de velar por la transparencia y legalidad en las contrataciones públicas, parece estar haciendo la vista gorda ante las denuncias del IPS y, en lugar de tomar medidas enérgicas, está otorgando ventajas a favor de POTI.
La ciudadanía, en especial los beneficiarios del IPS, merecen respuestas claras y acciones concretas por parte de las autoridades.
Además, la DNCP parece estar operando en favor de POTI con la Resolución DNCP 3706/23, alegando esperar el dictamen del Ministerio Público para sancionar a la empresa. Esto plantea dudas sobre la independencia de la DNCP y su capacidad para tomar medidas sin depender de la justicia.
La burocracia y la falta de voluntad para abordar este asunto están dejando a la ciudadanía sin respuestas y con pocas esperanzas de que se haga justicia. Es hora de que las autoridades tomen medidas efectivas y transparentes para garantizar que las empresas que infringen la ley no queden impunes.
En este panorama, también nos encontramos con una Fiscalía que, hasta el momento, ha mantenido una actitud pasiva y fría en relación con las denuncias que pesan sobre la empresa POTI. La falta de una resolución definitiva en un proceso que el mismo Instituto de Prevision Social ha denunciado la siniestra maniobra en contra de sus intereses resulta un hecho que supone un grave daño a las arcas del Estado Paraguayo siendo simplemente escandalosa.
Esta situación es aprovechada astutamente por la DNCP para lavarse las manos y entregar un arsenal de argumentos a favor de POTI, permitiéndole continuar su marcha hacia la desmedida ambición y la impunidad, a expensas de todos los beneficiarios del IPS.
Lo que resulta peligroso es la dilatación de tiempo en medio de esta maraña burocrática, lo cual podría tener graves consecuencias para la salud de todas las personas y funcionarios en el lugar.
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