A pesar de que han pasado casi dos años desde la condena histórica de 15 años de prisión al prestamista de Luque, Ramón González Daher, por usura, lavado de dinero y denuncia falsa, y 5 años para su hijo Fernando González Karjallo por usura, el Juzgado de Ejecución aún no ha confiscado ningún Certificado de Depósito de Ahorro (CDA) ni los activos de la familia.
Hasta ahora, solo se ha confiscado USD 4 millones de las cuentas bancarias y cuentas de ahorro de los condenados.
La jueza de Ejecución, Sandra Kirchhofer, ordenó la transferencia de fondos de las cuentas de los condenados y la transferencia de todas las propiedades registradas a nombre de Ramón y su hijo. Sin embargo, esta decisión judicial fue bloqueada por una acción presentada por el abogado defensor de RGD, Erich Ratzlaff.
El abogado defensor de RGD presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte contra las decisiones que ordenan la ejecución de la confiscación de unos USD 47 millones. Con esta acción, detuvo la transferencia de los activos del prestamista que deberían ir al Estado y compensar a las víctimas.
En cuanto a los Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) a nombre de Ramón y su hijo, el Juzgado de Ejecución no tomó ninguna medida para la confiscación especial, a pesar de que los condenados tenían 15 CDA en el Banco Basa por un total de 9 millones de dólares y 45 mil millones de guaraníes.
Durante el juicio contra Ramón González Daher, quien fue condenado a 15 años de prisión por usura, lavado de dinero y denuncia falsa, se reveló que había movido USD 961.749.367 en solo cinco años.
El 17 de diciembre de 2021, el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos condenó a RGD y su hijo y ordenó la confiscación especial de las cuentas de González Daher.
La Coordinadora de Víctimas de Usura de Ramón González Daher ha criticado la débil investigación iniciada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) sobre la conducta de jueces y fiscales que atendieron las denuncias falsas de estafa y apropiación que RGD presentaba contra sus víctimas.
Durante el juicio en el que RGD y su hijo fueron condenados, se demostró que la familia usaba jueces y fiscales complacientes para presionar a sus víctimas y despojarlas de sus bienes por grandes sumas de dinero por supuestas deudas ya pagadas.
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