Argentina ha decidido no retener embarcaciones de los países firmantes del Acuerdo de la Hidrovía por un período de 60 días, aunque el cobro del peaje no se ha levantado aún. El tema pasará ahora a la siguiente instancia, y a la vez continuará el análisis técnico, según informó Cancillería Nacional.
Esta resolución se tomó durante una reunión especial del Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH), donde se discutió el peaje unilateral impuesto por Argentina en el río Paraná.
Brasil, Uruguay, Bolivia y Paraguay han mantenido una postura unificada, rechazando el cobro del peaje. Según un informe de la Cancillería paraguaya, estos países consideran que la tarifa impuesta unilateralmente infringe el derecho internacional.
La información proporcionada por Argentina no ha permitido verificar los servicios efectivamente prestados a la navegación. Los documentos presentados hasta la fecha son insuficientes para justificar la imposición de la tarifa, según lo estipulado en el Artículo 9 del Acuerdo de la Hidrovía de 1992.
Se ha reiterado a Argentina la petición de suspender la aplicación de las resoluciones 625/2022 y 1023/2022 de su Ministerio de Transporte. Además, se ha solicitado que se tomen las medidas necesarias para cumplir con el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra y garantizar la libertad de navegación y tránsito.
La delegación de Paraguay estuvo encabezada por la viceministra de Relaciones Económicas, Patricia Frutos, y otros representantes.
Desde el inicio de las reuniones, los cuatro países han cuestionado la nueva modalidad propuesta por Argentina para la gestión de la hidrovía, la cual sugiere un cambio en la forma de cuantificar los servicios y analizar los costos.
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