En el informe más reciente divulgado en la plataforma digital de la Contraloría General de la República (CGR), se destaca que Rodrigo Molinas, intendente interino de San Pedro de Ycuamandyyú, no ha presentado sus documentos pertinentes. A pesar de que Molinas no ha obtenido fondos del Ministerio de Economía desde que asumió en diciembre, sigue teniendo la obligación de presentar documentos de su administración. La municipalidad de San Pedro cesó de obtener fondos estatales ya que el exintendente, Gustavo Rodríguez, quien renunció para eludir un juicio político, nunca rindió cuentas sobre los fondos de Fonacide que obtuvo en 2021.
De manera similar, Antonio Apezteguía, intendente de San Vicente Pancholo, tampoco ha entregado documentación sobre los G. 467 millones que recibió hasta agosto por parte del Ministerio de Economía bajo el programa Fonacide.
Por otro lado, Patricia Corvalán de Samaniego, intendenta de Quyquyhó y esposa del polémico diputado Esteban Samaniego, no ha presentado documentos sobre los G. 723 millones provenientes de Fonacide.
Hilario Adorno, intendente de Puerto Casado y hermano del controvertido diputado José Domingo Adorno, recientemente evitó una intervención municipal gracias a un acuerdo entre diputados colorados y liberales. A pesar de ello, ha sido imputado por supuestas irregularidades, como la adquisición de un vehículo nuevo con fondos municipales y mejoras en la vivienda de su madre con dinero comunal. Adorno no ha rendido cuentas sobre los G. 433 millones que el Ministerio de Economía le transfirió hasta agosto.
Según la Contraloría, Magín Benítez, intendente liberal de Villarrica e hijo de la diputada María Constancia Benítez, tampoco ha rendido cuentas sobre los G. 1.221 millones que recibió de Fonacide. Finalmente, Víctor Díaz, intendente de Mariscal Estigarribia, no ha presentado su informe correspondiente. El Ministerio de Economía ha suspendido las transferencias a la municipalidad chaqueña desde enero, ya que el intendente no ha informado sobre los fondos de Fonacide que recibió en 2022.
El informe de la Contraloría también señala que hay 111 carpetas en proceso de verificación y 163 ya han sido verificadas, esperando el informe de gestión.
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