Hace cinco años, se sancionó una ley que aún no ha visto luz en su implementación. Esta demora se atribuye a disputas internas sobre qué entidad tomaría la responsabilidad de su puesta en marcha. Según el ministro del Interior, Enrique Riera, durante su intervención en Radio Ñanduti, «se podrían haber salvado vidas» si esta ley hubiera sido aplicada en su debido momento.
Para el ministro Riera, las excusas carecen de importancia frente a las demandas ciudadanas. Enfatizó la necesidad de una respuesta coordinada entre distintas ramas del gobierno. «El Estado paraguayo es uno con la Fiscalía, Corte Suprema y el Poder Ejecutivo. Todos debieron haber respondido en su momento», aseveró. Además, abogó por una mayor coordinación entre las entidades para garantizar respuestas ágiles y eficientes.
El ministro Riera se refirió a experiencias en otros países como Colombia y Buenos Aires, donde la implementación de tobilleras electrónicas ha demostrado ser un éxito. Mencionó específicamente el botón de pánico dentro del sistema 911. En estas jurisdicciones, las llamadas generadas a través de este dispositivo no pasan por el tráfico convencional, sino que tienen una vía de comunicación especial. Equipos de operarios, disponibles las 24 horas del día, ofrecen una respuesta particular y prioritaria.
Con el propósito de avanzar en este tema, se ha convocado a una reunión para el día miércoles a las 16:00 horas en el Ministerio del Interior. Las entidades convocadas incluyen a la Fiscalía, el Ministerio del Interior, la Corte Suprema de Justicia, entre otras. En el encuentro, se discutirá el borrador del decreto que debe ser firmado por el presidente y se establecerán criterios sobre su utilización.
Finalmente, el ministro Riera abordó cuestiones relativas a la provisión y financiamiento de estos dispositivos. Durante la semana, se tomará una decisión sobre la tecnología a utilizar y su financiamiento. Se considera la implementación de un plan piloto con un lote inicial de 50 o 100 dispositivos. En cuanto al costo, Riera sugirió un modelo mixto: aquellos que puedan costear el dispositivo deberían hacerlo, mientras que el Estado cubrirá los gastos de aquellos que no pueden pagar.
Asimismo, destacó que no solo se trata del dispositivo en sí, sino también de un equipo de control y supervisión, incluyendo capacitaciones para el personal policial.
