La audiencia preliminar para los acusados por el presunto manejo irregular en la gestión de juegos de azar, conocido como el caso Conajzar, se suspendió una vez más a causa de una chicana planteada por unos de los imputados. En esta ocasión la defensa de Ricardo Núñez, hermano del senador electo Basilio “Bachi” Núñez (cartista), recusó al juez de Garantías Humberto Otazú.
El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos elevó su informe sobre la recusación planteada en su contra por la defensa de Ricardo Núñez a la Cámara de Apelaciones. Hasta tanto un Tribunal de Apelación Penal no resuelve la chicana planteada, Humberto Otazú no podrá fijar nueva fecha para intentar nuevamente realizar la diligencia.
Hace más de un año que se intenta desarrollar la audiencia preliminar, sin embargo, sucesivos recursos planteados por los acusados lo impiden.
Además de Núñez en esta causa penal están acusados los también exmiembros de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) Rubén Rousillón Blaires, exgobernador de Presidente Hayes y diputado electo por el cartismo; Carmen Corina Alonso, extitular de la Diben; Omar Rodrigo Mongelós González, y José Antonio Ortiz Báez.
La fiscalía acusó además al representante de la empresa TDP SA, Álvaro Wasmosy, firma explotadora de la quiniela en todo el país; Raúl Mariano Silva, exintegrante de Conajzar, y quien ya cuenta con medidas alternativas a la prisión.
Todos fueron imputados en enero de 2022 por la fiscal María Estefanía González, por sus supuestas acciones al intentar la “regularización” de tragamonedas en sitios prohibidos por la misma ley del sector.
También fueron procesados por las decisiones relacionadas a la adjudicación de la quiniela a la firma que actualmente explota este juego, a pesar de que se encontraba morosa con el Fisco y la reducción del canon a concesionarias durante la pandemia por el covid-19.
El exprocurador Sergio Coscia también fue imputado, pero luego el Ministerio Público solicitó su sobreseimiento provisional de la causa.
Según la fiscalía Coscia había firmado un dictamen en el cual aseguraba que no existía mayor impedimento para disminuir el canon, aunque le recomendó que para concretarlo, se solicitara un decreto al presidente Mario Abdo Benítez.
En su defensa Coscia había argumentado que ese documento no era vinculante para que el directorio tomara la decisión.
