El Banco Central del Paraguay (BCP) ha impuesto sanciones al futuro canciller Rubén Ramírez Lezcano y a siete personas más que formaban parte del directorio de Interfisa, luego de un sumario en el que se detectaron supuestas faltas administrativas. La entidad también ha impuesto una multa millonaria, de acuerdo con la resolución emitida.
Ramírez Lezcano, quien ha manifestado su intención de recurrir a la justicia en el ámbito penal, ha cuestionado esta mañana en una entrevista en ABC Cardinal la sanción impuesta por el BCP en su contra. Afirmó que dicha sanción no es justa ya que, según aseguró, no cometió ninguna irregularidad.
«Me sorprendió que me sancionen de manera injusta e ilegítima. No soy responsable por un hecho que no cometí. Seguiré defendiéndome en los tribunales. No hubo daño ni perjuicio al mercado financiero. Lo ilegal e irregular es que, al no haber tenido responsabilidad, participación o intervención en los hechos, la sanción es arbitraria, injusta e ilegal», declaró.
En su defensa, argumentó que las irregularidades detectadas ocurrieron antes de su ingreso al directorio de la entidad financiera. Además, mencionó que durante su gestión se solicitó la intervención de la misma para corregir las deficiencias.
También destacó que fue uno de los impulsores del proceso de regularización de la entidad y que se tomaron medidas para evitar que estas situaciones se repitan. Según sus declaraciones, se corrigieron todas las irregularidades, se recuperó el dinero y se logró estabilizar el banco mediante una recapitalización.
Ramírez Lezcano cuestionó al director del BCP, José Cantero, ya que este firmó la resolución en su contra y de los otros siete implicados, a pesar de haber sido gerente general de Interfisa en el momento en que se cometieron las irregularidades.
Asimismo, expresó desconocer el origen de la sanción en su contra. Sin embargo, resaltó que el BCP emitió dicha resolución el mismo día en que el presidente electo, Santiago Peña, lo designó como parte de su gabinete para el próximo gobierno.
El futuro canciller anunció que ya ha instruido a sus abogados para que recurran a la justicia en el ámbito penal con el fin de revertir la sanción impuesta.
La sanción del BCP establece que la entidad bancaria incurrió en «fallas calificadas como graves» y determina la aplicación de una multa equivalente a 1.500 salarios mínimos a la entidad jurídica y a 150 salarios a cinco exdirectores. Además, se impusieron multas de 100 salarios mínimos a dos personas y se sancionó con inhabilitación por tres años para ocupar cargos directivos o gerenciales a un contador en ese entonces.
