ADAMA: recusan a la fiscal Montanía y a su adjunto Jorge Sosa

Detrás del pedido fiscal de archivar la causa 2358/24, los socios minoritarios paraguayos de ADAMA Agriculture Paraguay S.A. denuncian una mecánica empresarial que, según su planteo, habría incluido una compraventa con el precio atado al EBITDA, decisiones administrativas que habrían erosionado los resultados de la filial justo antes de pagar el 49% restante, y una brecha contable que la querella estima en más de USD 7,7 millones entre lo reportado en Paraguay y lo que habría circulado dentro del grupo. Los abogados de la querella profundizaron el cuestionamiento al presentar formalmente, ante el Fiscal General del Estado, sendos escritos de recusación con expresión de causa contra la fiscal Montanía y contra el fiscal adjunto Jorge Sosa García.

La causa quedó en el centro del debate público en estas semanas, cuando la fiscal Natalia Montanía Sartorio pidió desestimar la denuncia que ella misma había impulsado nueve meses antes con una imputación por estafa, lesión de confianza y producción de documentos de contenido falso. Más allá del giro del Ministerio Público, vale detenerse en la mecánica empresarial que la querella plantea como trasfondo del expediente — y en la novedad procesal: los querellantes pidieron además, ante el Fiscal General del Estado, apartar a la fiscal y a su adjunto de la causa, según informó este lunes el periodista Héctor Alegre en la red X.

El contrato que ató el precio del 49% al EBITDA

Según la documentación que figura en el expediente, todo arrancó el 25 de septiembre de 2020. Ese día, los empresarios paraguayos Carlos Vinicius Martins de Oliveira y Otavio Diedrich, accionistas de la firma local FNV S.A. —importadora y distribuidora de insumos agrícolas, distribuidora exclusiva amparada por la Ley 194/93—, firmaron un acuerdo de compraventa de acciones con la multinacional ADAMA Agriculture BV, hoy parte del Grupo Syngenta.

De acuerdo al expediente, el contrato tuvo dos tramos. Uno: la transferencia inmediata del 51% del paquete accionario al grupo extranjero, con un precio fijo abonado en el momento. Dos: una opción de compra sobre el 49% restante, cuyo precio quedaba atado al EBITDA que la sociedad generase bajo la nueva administración.

Esa segunda parte es el nudo técnico del cuestionamiento posterior: cuanto menor fuera el EBITDA en los ejercicios siguientes, menor sería —siempre según la mecánica del contrato— el precio que el comprador debería pagar por el 49% restante.

El cambio de comportamiento que denuncia la querella

Tras la operación, FNV S.A. pasó a denominarse ADAMA Agriculture Paraguay S.A. y se incorporó formalmente al grupo. La nueva administración trajo directivos extranjeros vinculados al accionista mayoritario y la adopción de políticas corporativas globales, particularmente en materia de precios de transferencia y gestión financiera.

De acuerdo a la denuncia presentada por la abogada María Teresa Servín Zardini, en representación de los socios minoritarios, la operatoria se habría desarrollado dentro de parámetros razonables durante los primeros ejercicios, sin desvíos relevantes. El planteo de la querella es que el comportamiento habría empezado a cambiar a medida que se aproximaban los ejercicios contables que iban a determinar el precio de la opción de compra del 49%.

En palabras de la querella, en ese período habrían comenzado a desplegarse decisiones que habrían impactado negativamente en los resultados de la compañía. No habría sido —siempre según la denuncia— un mal momento del negocio, sino una secuencia de decisiones administrativas con efecto sistemático sobre el balance.

Precios de transferencia: insumos al propio grupo a valores cuestionados

El núcleo técnico de la denuncia gira en torno a los precios de transferencia. La querella plantea que la nueva administración habría modificado la política de precios para incrementar el valor de los insumos y productos provistos por entidades vinculadas al propio grupo ADAMA.

El efecto, según el planteo de la querella, habría sido doble. Por un lado, un aumento artificial de los costos operativos de la filial paraguaya, que habría erosionado su rentabilidad. Por el otro, un incremento del nivel de endeudamiento de ADAMA Agriculture Paraguay frente a su propia controladora —la misma sociedad que, de acuerdo a la querella, le vendía los insumos a los precios cuestionados.

De acuerdo a la querella, el resultado de esa dinámica configuraría un esquema funcional al accionista mayoritario en detrimento de la sociedad y de los socios minoritarios. Y eso —siempre según el planteo— se habría traducido en estados contables cada vez peores, justo en los ejercicios que iban a determinar el precio del 49% restante. Según consignó el periodista Héctor Alegre, solo el ejercicio fiscal 2023 habría arrojado una pérdida cercana a USD 7 millones para la sociedad — cifra que la querella cita como evidencia de que las irregularidades denunciadas se habrían sostenido en el tiempo.

La doble contabilidad denunciada y la brecha de USD 7,7 millones

El elemento más sensible del expediente, según el planteo de la querella, es la diferencia que sus abogados estiman en más de USD 7,7 millones entre los estados financieros locales presentados por ADAMA Agriculture Paraguay y los reportes internos que habrían circulado dentro del grupo. La abogada Servín Zardini lo planteó en una entrevista en Radio 1000 AM:

«También dentro de todas estas conductas hay conductas ilícitas muy alevosas, especialmente cuando uno lleva una doble contabilidad y dentro del país queda cierta situación financiera que es reportada también al fisco. Eso también hemos denunciado: de comprobarse nuestros dichos, habría una evasión de impuestos también en nuestro país.»
— María Teresa Servín Zardini, abogada querellante. Radio 1000 AM, 28 de abril de 2026.

La querella sostiene también que las pericias contables incorporadas a la causa mostrarían maniobras que a simple vista no se ven y que, según su planteo, requieren una mirada técnica especializada. La fiscal Montanía, en su pedido de desestimación, planteó la lectura inversa: que la empresa registró ganancias en el ejercicio en cuestión y que esas ganancias —según el escrito fiscal— resultarían incompatibles con la hipótesis de perjuicio. La querella respondió, en su escrito, que una empresa con utilidades agregadas puede igualmente registrar maniobras puntuales con efectos lesivos sobre socios específicos.

Los imputados y la calificación de la propia fiscalía

Según consta en los antecedentes incorporados al escrito de recusación, la querella fue presentada el 5 de septiembre de 2024 contra diez personas: Carlos Danilowicz, José Claudio Alonso, Hernan Gustavo Cali, Moti Blank, Gustavo Ariel Alonzo, Ricardo Palazzo de Almeida Barrosobre, Romeu Stanguerlin, Luiz Vilardo Ruzza, Marcelo María Valentín y Gabriel Fernando Goldstein. La carátula formal, según figura en el expediente, es «Carlos Danilowicz y otros s/ Producción Mediata de Documentos Públicos de Contenido Falso y otros».

En la imputación inicial impulsada por la propia fiscal Montanía —que más tarde ella misma pediría desestimar—, la actuación atribuida a los ejecutivos fue descripta, según reconstruyó Héctor Alegre a partir del expediente, como «una estrategia deliberada de manipulación» del esquema empresarial. Los nombrados están imputados —no condenados— y la calificación final dependerá de lo que resuelva el Juez Penal de Garantías una vez producidos los actos investigativos pendientes.

Diedrich: el director que, según la denuncia, votó en contra

Según consta en la denuncia, el accionista minoritario Otavio Diedrich —miembro del Directorio de ADAMA Agriculture Paraguay— habría dejado constancia de su oposición a las decisiones que, de acuerdo al planteo de la querella, habrían llevado a la situación cuestionada. La denuncia plantea que sus reclamos formales no habrían sido atendidos por el órgano de administración.

Esa figura —el director con voto en contra que queda en minoría— es presentada por la querella como uno de los anclajes documentales de la causa. De acuerdo al planteo de los querellantes, permitiría sostener que las decisiones cuestionadas no habrían sido desvíos puntuales sino parte de una línea sostenida de gestión, conocida internamente y resistida desde adentro.

El destino de los fondos: una pregunta que la querella señala como pendiente

Otro vector que la querella plantea como insuficientemente investigado es el destino de los fondos generados por la operatoria comercial. La hipótesis acusatoria —siempre según la querella— deja abierta la pregunta de si esos recursos fueron efectivamente aplicados a la cancelación de la deuda con la controladora —cuya propia génesis, dice la querella, podría resultar cuestionable— o si habrían sido canalizados hacia otras entidades del mismo grupo, eventualmente radicadas en jurisdicciones de baja o nula tributación.

Para la querella, la diferencia no es menor en términos prácticos. Si los fondos efectivamente hubieran vuelto al grupo a través de pagos de deuda intragrupo, el efecto neto, según el planteo de los querellantes, habría sido una transferencia de valor desde la filial paraguaya hacia la matriz, con impacto directo sobre los socios minoritarios locales y sobre la base imponible declarada en Paraguay. La querella sostiene que ese análisis —pericial y exhaustivo— no habría sido producido en la causa antes del pedido de desestimación.

Quiénes están hoy al frente de ADAMA Paraguay

Sobre la situación actual de la empresa, Servín Zardini dio precisiones en Radio 1000 AM:

«Hoy por hoy la empresa está al frente, como representante, el señor Juan Pablo Bianchi; sigue estando el financiero Gustavo Alonso también; es una empresa que es parte del Grupo Syngenta. No sabemos muy bien qué está pasando adentro, más allá de lo que les comparten a los socios minoritarios, que son los estados contables, donde cada año que pasa estamos peor.»
— María Teresa Servín Zardini, abogada querellante. Radio 1000 AM, 28 de abril de 2026.

Recusación contra los dos fiscales

Las abogadas Teresa Servín Zardini y Lía Cáceres, en representación de los socios minoritarios paraguayos, presentaron formalmente, ante el Fiscal General del Estado, dos escritos de recusación con expresión de causa: uno contra la fiscal Natalia Montanía Sartorio, de la Unidad Penal N.º 3 de Hernandarias, y otro contra el fiscal adjunto Jorge Sosa García, de la Unidad Penal N.º 4685/12 del Área X de Ciudad del Este, Alto Paraná, según informó este lunes Héctor Alegre en la red X.

Los escritos invocan el artículo 57, incisos b) y h) del Código Procesal Penal —modificado por la Ley N.º 4685/12—, norma que habilita apartar a un agente fiscal «cuando existen circunstancias específicas que comprometen gravemente los criterios de actuación establecidos en este Código». Según consta en los escritos, la representación de la querella había planteado previamente sus reparos en sede fiscal, sin obtener resolución favorable. La línea argumental sostenida por los recusantes es que las actuaciones de los dos representantes del Ministerio Público, leídas en conjunto, justificarían su apartamiento por aplicación de esa norma.

En paralelo, según reconstruyó Héctor Alegre a partir del expediente, el Juez Penal de Garantías de la causa habría rechazado el pedido de desestimación impulsado por la propia fiscal Montanía. Ese rechazo judicial, sumado ahora a las recusaciones contra la fiscal y contra su adjunto, dejaría a la causa lejos del archivo que la representación del Ministerio Público había solicitado.

Los pedidos de recusación quedan a resolución del Fiscal General del Estado, que deberá decidir si aparta o no a los dos representantes de la fiscalía. La causa, en paralelo, sigue en manos del Juez Penal de Garantías de Hernandarias.