Alegatos fiscales en el caso “mafia de pagarés”
La fiscal acusadora Cinthia Vera solicitó al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) la remoción del juez de Paz Gustavo Villalba Báez, actualmente suspendido, en el marco del proceso vinculado al esquema conocido como la “mafia de pagarés”.
Durante sus alegatos finales, Vera sostuvo que existen elementos suficientes para concluir un supuesto mal desempeño en funciones, en base a irregularidades detectadas en el despacho judicial del magistrado.
Irregularidades señaladas y alcance del planteamiento
La representante del Ministerio Público afirmó que las pruebas presentadas por la defensa no lograron desvirtuar los hechos atribuidos.
“Ninguna de las pruebas, tanto documentales ni certificados ofrecidos por el acusado (…) han sido suficientes para desacreditar los hechos acusados al magistrado”, expresó.
Entre las presuntas irregularidades, mencionó la falta de providencias adecuadas, omisiones en el fechado y numeración de resoluciones, así como deficiencias en el control interno del juzgado.
Según la fiscal, estas conductas no pueden considerarse meras fallas formales:
“No constituyen meras faltas o de escasa relevancia”.
Vera también vinculó estas prácticas con un contexto más amplio:
“Estas prácticas cuando se insertan en un contexto mayor pueden dar origen a la trama conocida como la mafia de los pagarés”.
Además, describió el impacto sobre presuntas víctimas —entre ellas trabajadores del sector educativo, personal de salud y jefes de hogar— señalando que se habrían producido embargos y descuentos que incluso superarían las deudas originales.
“El daño no fue solamente económico, fue psicológico, fue social”.
Postura de la defensa del magistrado
Por su parte, el abogado defensor José Fernández Zacur cuestionó la acusación al sostener que se basa en una interpretación errónea de las funciones judiciales y administrativas.
Argumentó que existe una división de tareas dentro de los juzgados:
“El ujier debe dar cuenta de sus funciones al actuario”.
En esa línea, advirtió que atribuir responsabilidades directas al magistrado por todas las actuaciones internas resultaría desproporcionado:
“Si no respetamos esta lógica (…) llegaríamos al ridículo de tener que iniciar juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia”.
El defensor también señaló que una imputación por omisión requiere conocimiento previo y posibilidad real de actuar, lo cual —según sostuvo— no se configuraría en este caso.
Asimismo, alegó una carga laboral elevada, indicando que el juzgado manejaba miles de resoluciones mensuales y decenas de miles de expedientes activos, lo que dificultaría un control absoluto por parte del juez.
Estado actual del proceso ante el JEM
El proceso continúa en etapa de análisis ante el JEM, que deberá dictar el fallo correspondiente sobre la eventual remoción del magistrado.
Hasta el momento, Gustavo Villalba Báez permanece suspendido y con proceso en curso, en calidad de imputado dentro de la investigación vinculada al esquema de la “mafia de pagarés”.
No se informó la fecha exacta en que el Jurado emitirá su resolución final, por lo que ese dato permanece pendiente de confirmación.
🔗 Judiciales Net – Fiscalía pide la remoción de juez de Paz en caso vinculado al esquema de la “mafia de pagarés”
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