Escándalo en Derecho UNA por docentes acusados
El Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) cesó a cuatro docentes acusados de integrar la mafia de los pagarés y suspendió a la ex jueza de Paz Nathalia Garcete. La decisión se adoptó en sesión virtual este 27 de febrero de 2026.
Cese y suspensión en la Facultad de Derecho
El Consejo Directivo de Derecho UNA resolvió cesar en sus funciones a cuatro docentes encargados de cátedra vinculados al esquema conocido como mafia de los pagarés. Varios están acusados y algunos a puertas de un juicio oral.
La medida se tomó el 27 de febrero de 2026, durante una sesión virtual. Los cargos vacantes serán llamados a concurso.
Los docentes cesados son:
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Heber Hernán Cardozo Areco, ex ujier del Juzgado de Paz de San Roque (Derecho Político, sede Central).
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Mariam Adelaida Ortiz Aquino, ex ujier de La Catedral (Técnica de Litigación Adversarial Criminal, en Benjamín Aceval).
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Pablo Cabrera Irigoitia, ex actuario de San Roque (Sociología de la Institución y Derecho Constitucional Nacional, en Coronel Oviedo).
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Líder Rodrigo Benegas, ex ujier notificador de San Roque (Informática Jurídica, en Caacupé).
Además, el Consejo suspendió a Nathalia Garcete, ex jueza de Paz de La Catedral 2° Turno y docente escalafonada.
Varios de los afectados presentaron su nota de renuncia al iniciarse la sesión, pero el Consejo consideró inviable tratar esos pedidos en ese momento.
Reclamos de estudiantes y víctimas
Días antes, estudiantes de Derecho UNA exigieron la desvinculación preventiva de los docentes “hasta que la situación sea plenamente esclarecida”. En un pronunciamiento afirmaron: “Por mucho años nuestra alma mater se ha visto inmersa en múltiples esquemas de corrupción y en escándalos que han dañado la imagen de nuestro institución”.
También las víctimas de la mafia de los pagarés repudiaron que personas vinculadas al esquema ejercieran la docencia. En un comunicado expresaron: “¿Con qué autoridad moral alguien señalado por destruir el patrimonio de miles de paraguayos puede enseñar Derecho Político? Es el colmo del cinismo”.
Según se informó, incluso se preparaba una manifestación frente a la sede Central, pero no se concretó debido a amenazas que habrían recibido.
Argumentos institucionales y debate sobre credibilidad
Durante la sesión, el consejero Édgar Ríos, defensor adjunto civil de la Defensoría Pública, sostuvo que el principio de presunción de inocencia es irrenunciable, pero que los hechos investigados son de público conocimiento y han generado un impacto significativo en la opinión pública.
“Nosotros hoy no estamos ejerciendo una responsabilidad institucional, (sino que) como consejeros tenemos que velar porque nuestros estudiantes reciban la mejor educación posible y no es solo jurídica. Estamos hablando de formación de principios, ética profesional, responsabilidad pública”, expresó.
Añadió: “Cuando la credibilidad pública se ve seriamente comprometida, estoy convencida que como institución no podemos permanecer inmóvil. El caso impacta en todo el país”.
El decano de la Facultad de Derecho, Carlos Gustavo González, coincidió en que el mensaje institucional debía ser claro ante la situación.
La decisión administrativa del Consejo Directivo no constituye un fallo judicial sobre la responsabilidad penal de los acusados, cuyos procesos continúan ante el Ministerio Público y los tribunales competentes.
🔗 ÚH – Derecho UNA cesa a docentes a acusados por la mafia de los pagarés
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