Presunto desvío millonario sacude a Copaco
La Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público por un presunto desvío de fondos institucionales que asciende a G. 1.119 millones, transferidos a cuentas personales de dos funcionarios que ocupaban cargos clave dentro de la empresa estatal. El caso derivó en cambios administrativos inmediatos, una auditoría especial y la intervención de organismos de control del Estado.
Según confirmó el presidente de Copaco, Óscar Stark, las irregularidades fueron detectadas durante una revisión interna de movimientos financieros y ya se encuentran bajo investigación fiscal.
Denuncia penal y esquema bajo sospecha
De acuerdo con lo expuesto por Stark en conferencia de prensa, la denuncia fue presentada con el acompañamiento de la Procuraduría General de la República y formalizada el viernes pasado ante el Ministerio Público. El presunto esquema consistía en simular pagos a la Municipalidad de Asunción mediante la carga de aproximadamente veinte facturas presuntamente falsificadas.
Esas facturas habrían sido registradas como egresos legítimos, pero en lugar de concretarse los pagos a la comuna capitalina, los montos eran transferidos a cuentas bancarias particulares. El perjuicio detectado hasta el momento alcanza G. 1.119 millones, aunque no se descarta que la cifra pueda variar a medida que avance la auditoría.
Stark señaló que las operaciones quedaron registradas en el sistema contable, incluso después de intentos de anulación de los asientos, lo que permitió reconstruir el circuito de transferencias.
Funcionarios implicados y medidas administrativas
Los principales sospechosos identificados por Copaco son Osmar Cañete Roa, exjefe de Administración y gerente administrativo financiero, y Roque Valdez Centurión, exjefe de Tesorería. En el curso de la investigación interna también se detectaron transferencias a la cuenta particular del hijo del extesorero.
Ante la detección de las irregularidades, Stark ordenó el cambio inmediato del gerente administrativo financiero y del tesorero, responsables directos del manejo de las cuentas institucionales. El exgerente administrativo ya fue removido de su cargo y se encuentra inmerso en un proceso judicial para su desvinculación definitiva de la empresa.
En tanto, ambos exjefes se pusieron a disposición del área de Recursos Humanos y, según informó el titular de Copaco, continuarán prestando servicios en el área de contact center mientras avanzan los trámites administrativos para un despido por causa justificada.
Auditoría interna y respaldo institucional
Además de la denuncia penal, Copaco dispuso la realización de una auditoría especial sobre todos los pagos efectuados por la institución. El análisis abarcará inicialmente los últimos cinco años de gestión, aunque Stark no descartó que el período sea ampliado si surgen nuevos indicios.
Para reforzar el proceso, el presidente de la telefónica estatal anunció que solicitará el acompañamiento de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, con el objetivo de dotar de mayor respaldo técnico e institucional a la revisión interna.
“La denuncia se realizó con todos los detalles disponibles y, a partir de ahora, continuaremos con la auditoría para seguir proporcionando información a la Fiscalía General del Estado”, afirmó Stark, al tiempo de destacar que se trata del primer caso de esta magnitud detectado durante su gestión.
Investigación fiscal en curso
El caso quedó en manos del Ministerio Público y se prevé que la causa sea asignada a un fiscal de la Unidad de Delitos Económicos. Por el momento, no se informó sobre imputaciones ni medidas cautelares, ya que la investigación se encuentra en una etapa preliminar.
Desde Copaco indicaron que se impulsarán todas las acciones necesarias para recuperar los recursos presuntamente desviados y para que los responsables enfrenten las consecuencias legales que correspondan, una vez que la Fiscalía avance con las diligencias.
“Nuestro objetivo es que se haga justicia y que el dinero vuelva a Copaco”, remarcó Stark, subrayando que la empresa continuará colaborando con las autoridades judiciales y aportando documentación a medida que avance la auditoría.
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Este tipo de cosas suceden porque las autoridades de los Entes Estatales se duermen y confían de que el patrimonio se cuida solo. Ellos se dedican a cumplir horario, cobrar su salario y disfrutar beneficios…De existir un control permanente, jamás este tipo de delitos podría ser perpetrado por tal cantidad y durante tanto tiempo…Allí debe haber complicidad de las altas esferas.