Caso escolar abre debate judicial sobre identidad de género
Una adolescente de Luque denunció haber sido discriminada por su identidad de género en una institución educativa. La abogada Sonia Rojas presentó una medida cautelar ante el Juzgado de la Niñez y Adolescencia, que ahora analiza el caso bajo la magistratura de la jueza Shirley Arévalo.
La denuncia y el paso a la vía judicial
La representante legal, Sonia Rojas, asumió la defensa de la menor que expuso en redes sociales el supuesto acto de discriminación por parte del colegio al que asiste. En el video publicado en TikTok, la adolescente relató que la institución le prohibió usar el uniforme con el que se siente identificada, alegando normas internas sobre vestimenta diferenciada por género.
Ante ello, Rojas promovió una medida cautelar ante el Juzgado de la Niñez y Adolescencia de Luque, que admitió la acción y convocó a las partes involucradas: la adolescente, sus padres y representantes de la Defensoría de la Niñez.
Resolución inicial y próximos pasos procesales
La jueza Shirley Arévalo aún no se expidió sobre el fondo del caso, pero dispuso como diligencia previa la realización de una entrevista psicológica para la adolescente. El objetivo es recabar elementos técnicos antes de dictar una posible medida cautelar.
“El juzgado admitió la acción y convocó a audiencia; todavía no hay resolución sobre el fondo”, explicó la representante legal, destacando que el expediente ya se encuentra en etapa jurisdiccional.
Según la defensa, “la adolescente solo busca poder asistir a clases usando el uniforme con el que se identifica”. La abogada señaló que, más allá de reglamentos institucionales, “ninguna norma interna puede estar por encima de la Constitución Nacional, cuyo artículo 25 garantiza la libertad de expresión de la personalidad”.
Argumentos constitucionales y postura de la institución
El colegio sostiene que su reglamento interno establece normas diferenciadas de vestimenta entre varones y mujeres, lo que justificó la prohibición. Sin embargo, la defensa de la menor argumenta que dichas reglas no pueden contradecir derechos fundamentales consagrados tanto en la Constitución como en tratados internacionales de derechos humanos.
“Ella hoy se siente nena y su entorno familiar la acepta —sostuvo Rojas—. Resulta ilógico que una institución educativa pretenda imponer una visión contraria a la que la propia familia ya reconoce y respalda”, expresó.
El caso se mantiene en etapa de análisis, y la resolución que adopte la magistrada podría marcar un precedente en materia de derechos de identidad y libre expresión de menores de edad dentro del ámbito educativo.
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