Proponen que tirar basura en la calle sea un delito
El director general de Gestión Ambiental de Asunción, Armando Becvort, confirmó que la Municipalidad trabaja en un anteproyecto de ley para elevar las sanciones a quienes queman residuos o arrojan basura en la vía pública. Actualmente considerada una falta administrativa, la propuesta busca que estas acciones pasen a ser delitos penales.
Con esta modificación a la Ley 716/95, que tipifica los delitos contra el medio ambiente, se pretende incorporar el trabajo conjunto con la Policía Nacional y el Ministerio Público, con el objetivo de frenar el crecimiento de vertederos clandestinos, especialmente en la capital.
“La propuesta concreta es no aumentar el número de funcionarios municipales, sino aumentar el número de funcionarios que controlen esto a través de un trabajo interinstitucional”, señaló Becvort.
Asunción recibe basura de otros municipios
Becvort denunció que muchos de los residuos arrojados en la capital provienen de municipios vecinos, que desechan de forma clandestina grandes cantidades de desperdicios en calles de Asunción.
Actualmente, el municipio cuenta con fiscalizadores ambientales, pero el director admitió que no dan abasto para controlar la magnitud del problema. Con el cambio de figura legal, se abriría paso a la intervención directa de más instituciones del Estado.
Reserva del Banco San Miguel, bajo amenaza
La situación más crítica se da en la reserva del Banco San Miguel, donde según el director, camiones ingresan por la noche para depositar basura en zonas protegidas. A pesar del apoyo actual de la Comisaría 20ª y la Policía Urbana, Becvort considera que las medidas siguen siendo insuficientes.
“Proponemos que la Prefectura Naval establezca un puesto de control en la entrada, donde ya tenemos casetas municipales, para que nos ayuden a cuidar el área protegida, considerando que tenemos varios kilómetros de costa que son de importancia para la seguridad nacional”, afirmó.
Apoyo institucional, sin más personal municipal
El foco de la propuesta no está en aumentar la burocracia, sino en fortalecer los controles ambientales mediante alianzas interinstitucionales. De aprobarse el anteproyecto, la municipalidad podría solicitar ayuda operativa a fuerzas del orden para evitar nuevos focos de contaminación y proteger las áreas ecológicas estratégicas.
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