No habrá derribo de aviones: el Gobierno se mantiene firme
El Ejecutivo reafirma su postura sobre el uso de la fuerza en el espacio aéreo
Postura oficial del Ejecutivo
El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, acudió a la Cámara de Diputados para ratificar la posición del Ejecutivo respecto al control del espacio aéreo. En su comparecencia ante la Comisión de Legislación y Codificación, el alto funcionario confirmó que el Gobierno no pretende modificar la actual normativa que prohíbe el derribo de aeronaves irregulares, manteniéndose firme en su rechazo a introducir cambios en el artículo 9° de la Ley N° 6.980/2022.
En declaraciones a la 730 AM, González subrayó: “La postura oficial del Gobierno es mantener la ley así como está”, y aseguró que la Fuerza Aérea está equipada para actuar en el marco legal actual, siempre que no se ponga en riesgo la vida de terceros o del propio personal militar.
Según el ministro, el control aéreo no es una labor aislada, sino que forma parte de un sistema integral que involucra a la Senad, la Policía Nacional, la Fiscalía, los organismos de inteligencia y el Ministerio de Defensa.
El proyecto impulsado por Rubén Rubín
El diputado Rubén Rubín presentó una iniciativa legislativa que busca ampliar las facultades del Estado en materia de seguridad aérea, proponiendo introducir la posibilidad de derribar aeronaves que representen un riesgo inminente y se nieguen a cumplir órdenes de aterrizaje.
La propuesta define la Fase III como la etapa en que, tras agotar las instancias previas de interceptación (Fases I y II), se autoriza a la Fuerza Aérea Paraguaya a derribar cualquier aeronave –sea civil, militar, tripulada o no– que se mantenga en actitud hostil o evasiva, y que represente una amenaza grave para la seguridad nacional, la integridad territorial o la vida de personas tanto en el aire como en tierra.
El proyecto fue motivo de debate entre los diputados y generó posturas divididas dentro del Congreso, donde algunos sectores consideran que se requiere una respuesta más contundente ante el uso del espacio aéreo por parte de estructuras criminales, mientras que otros alertan sobre los riesgos legales, diplomáticos y humanitarios de una medida de este tipo.
Las Fuerzas Armadas no solicitaron cambios
El comandante de la Fuerza Aérea brindó un dictamen técnico al Ministerio de Defensa en el que expresó que los aviones Tucano están capacitados para realizar misiones de interceptación, sin necesidad de modificar el marco legal vigente.
González remarcó que, en situaciones extremas, los pilotos ya están autorizados a actuar si se ven amenazados o si terceros corren peligro, lo cual representa el límite operativo actual del sistema de defensa aérea. En ese sentido, insistió en que la prioridad sigue siendo interceptar, identificar y forzar el aterrizaje de aeronaves sospechosas, sin llegar al uso letal de la fuerza como política de Estado.
El tema continuará en discusión parlamentaria en las próximas semanas, mientras el Ejecutivo insiste en la necesidad de mantener la legalidad y la proporcionalidad en las respuestas del Estado en su lucha contra el tráfico ilícito aéreo.
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