Acusación firme y pedido de alejamiento
El fiscal Silvio Corbeta ratificó la acusación contra la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán, por administración en provecho propio y lavado de dinero.
Durante la audiencia preliminar, solicitó al juez Humberto Otazú que imponga una medida cautelar para que Corvalán no se acerque a la sede municipal.
Alegó un conflicto de intereses, ya que la jefa comunal está implicada en los hechos.
También están acusados Blanca Álvarez, madre del diputado Esteban Samaniego, y otras 12 personas.
La causa investiga un desvío de más de G. 1.100 millones.
Ese dinero habría sido usado para construir una lujosa casa en Asunción, propiedad de Corvalán y Samaniego.
Esquema de desvío y beneficiarios
Entre 2011 y 2017, se emitieron cheques municipales a nombre de allegados a la administración.
Los fondos estaban destinados a obras, pero nunca se ejecutaron.
Patricia Corvalán cobró cheques por G. 117,5 millones y su madre, Blanca Álvarez, retiró G. 20 millones.
El dinero fue movido mediante empresas de maletín como BH Services SRL y CX Construcciones.
Con esos recursos se construyó una casa de dos plantas en barrio San Vicente, que costó G. 1.108 millones.
Está registrada a nombre de Álvarez, y no fue declarada ante la Contraloría.
Obstáculos judiciales y blindaje político
El diputado Esteban Samaniego no puede ser juzgado porque la Cámara de Diputados aún no trata su desafuero.
La Fiscalía hizo el pedido en diciembre de 2023 y lo reiteró en marzo de 2024.
Sin esa autorización, el proceso contra el legislador no avanza.
Varios imputados llegaron a la audiencia sin abogados o cambiaron de defensa.
El juez Otazú suspendió esas diligencias y advirtió que reportará la situación a la Corte Suprema.
Corrupción actual y continuidad del esquema
El fiscal Corbeta advirtió que el mismo esquema sigue en la gestión actual.
Andrés Arrúa Brítez, socio de BH Services, sigue firmando contratos con la Municipalidad, ahora con otra empresa: Efecopro.
Corbeta informó de esta situación a Economía, a Ingresos Tributarios y a la Contraloría.
Pidió que se impidan nuevos desembolsos a firmas ligadas al esquema.
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