Jueza de la ‘mafia de los pagarés’ regresa triunfante

Corte Suprema levanta suspensión a jueza de Paz en caso de «mafia de los pagarés»

La Corte Suprema de Justicia ha decidido levantar la suspensión con goce de sueldo básico a la jueza Carmen Analía Cibils, titular del Juzgado de Paz de La Encarnación. Esta medida se adopta tras la finalización del período de 30 días establecido para la investigación interna sobre presuntas irregularidades en la tramitación de procesos ejecutivos, en el marco del caso conocido como «mafia de los pagarés».

Antecedentes y medidas adoptadas

Hace un mes, la Corte suspendió a la jueza Cibils y a otros funcionarios de su juzgado, tras una auditoría que reveló un esquema delictivo destinado a la ejecución indebida de pagarés ya cancelados. Además, se remitieron los antecedentes de la magistrada al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y al Ministerio Público para su investigación. Paralelamente, se ordenó un sumario administrativo que aún se encuentra en curso.

Suspensiones y auditorías en otros juzgados

La Corte también suspendió a la jueza Liliana González de Bristot del Juzgado de Paz de San Roque, junto con varios funcionarios de otros juzgados de Paz de Asunción, por su presunta implicación en el mismo esquema delictivo. Se han realizado auditorías en los Juzgados de Paz de La Catedral 1° y 2° Turno, San Roque y La Encarnación para identificar posibles irregularidades en la tramitación de procesos ejecutivos.

Investigaciones en curso

El Ministerio Público ha iniciado una investigación sobre el presunto esquema de fraude en los juzgados de Paz, conocido como «mafia de los pagarés». Se han identificado prácticas irregulares, como la adquisición de pagarés previamente cancelados y su reutilización para ejecutar cobros judiciales ficticios, afectando principalmente a jubilados y funcionarios públicos.

Medidas preventivas y de control

Como medida preventiva, la Corte ha remitido la nómina de todos los jueces de Paz de la Capital y de los funcionarios de los juzgados involucrados a la Contraloría General de la República para la realización de un examen de correspondencia de bienes. Además, se ha dispuesto el control de entrada y salida de los jueces y funcionarios de los Juzgados de Paz de la Capital, con informes mensuales al Consejo de Superintendencia.

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