Defensa de Miguel Robles apela condena y la califica de «pereza jurídica»
La defensa de Miguel Robles, exjefe de Gabinete de la Gobernación de Central, ha presentado una apelación contra la sentencia que lo condena a 10 años de prisión por el desvío de G 5.106 millones. El abogado Guillermo Duarte argumenta que no existen pruebas documentales ni indicios que demuestren que Robles actuó como instigador en los hechos imputados.
Críticas a la fundamentación del fallo
Según la defensa, en la Sentencia Definitiva N° 12 del 4 de enero de 2025, no se especifica cómo Miguel Robles habría influido en la comisión de los delitos. Duarte señala que es una «obligación inexcusable» fundamentar de qué manera Robles habría inducido a empresarios, funcionarios y al gobernador de Central a cometer actos ilícitos. Califica la sentencia como un ejemplo de «pereza jurídica» por basarse en la afirmación de que Robles logró que los funcionarios de la gobernación «lo apoyen».
Inconsistencias en las pruebas presentadas
La defensa sostiene que, respecto a la primera rendición de cuentas de mayo de 2021, no hay documentos ni indicios que indiquen que Robles ordenaba los pagos. La sentencia tampoco detalla en qué casos específicos dio dichas órdenes. Los testigos se limitaron a afirmar que Robles daba instrucciones y era un jefe «poderoso», pero estas percepciones no demuestran cómo instigó la comisión de delitos.
Cuestionamientos sobre la segunda rendición de cuentas
En relación con la segunda rendición de cuentas, la defensa argumenta que la hipótesis del tribunal es «ridícula». Se señala que Miguel Robles alquiló un departamento en agosto de 2021 para supuestamente facilitar la comisión de delitos relacionados con la rectificación de la rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República (CGR). Sin embargo, dicha rectificación ocurrió en julio de 2021, un mes antes del alquiler del inmueble, lo que, según la defensa, contradice la acusación.
Solicitud de anulación del fallo
Finalmente, la defensa solicita la anulación de la sentencia, argumentando que se aplicaron incorrectamente las reglas de lógica y subsunción de la conducta atribuida a Miguel Robles en los delitos de Lesión de Confianza y Producción de Documentos no Auténticos, en grado de instigador.
