Posibles irregularidades
El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez Rolón, ordenó una auditoría exhaustiva de la gestión del juez de San Lorenzo, Ronald González, tras descubrirse una serie de acciones sospechosas en su manejo de permisos a acusados con antecedentes criminales graves.
Este proceso de auditoría se centra particularmente en un caso reciente donde el juez González autorizó a Julio Duarte Servián, un acusado de secuestro y lavado de dinero, a trabajar en la empresa Jasy Cambios S.A.
Una empresa cerrada y una decisión cuestionable
Lo que resulta particularmente llamativo es que esta empresa fue clausurada en julio de 2024 por el Banco Central del Paraguay (BCP) debido a irregularidades financieras graves.
A pesar de ello, el juez González, cuando interinaba en el juzgado de Lambaré, concedió un permiso especial para que Duarte Servián trabajara en una sucursal de Asunción que, según el BCP, está cerrada desde hace meses.
Resolución y condiciones del permiso concedido
El permiso, otorgado mediante el Auto Interlocutorio Nº 1773, permite a Duarte Servián trabajar de lunes a viernes, bajo estrictas condiciones de control policial.
El allanamiento del fiscal
El fiscal Lorenzo Lezcano, quien había allanado la solicitud de permiso, también se encuentra bajo sospechas.
El Ministerio Público está revisando su participación en este proceso, ya que su aprobación del permiso ahora parece estar en directa contradicción con las normativas establecidas por el BCP y la lógica legal vigente.
Medidas futuras y el rol del Banco Central
El Banco Central del Paraguay reafirmó su postura sobre la clausura definitiva de Jasy Cambios S.A. y señaló que cooperará plenamente con las investigaciones judiciales.
Esta cooperación incluye la entrega de documentos que podrían probar que la decisión del juez fue irregular y también potencialmente ilegal.
Mi Dios, señores del Poder Ejecutivo y Judicial, para cuando la implementación de las famosas tobilleras.