Controversia por financiamiento estatal con fondos de pensiones

El Poder Ejecutivo de Paraguay ha presentado un nuevo proyecto de ley que regula la supervisión de las entidades de jubilaciones y pensiones, incluyendo el Instituto de Previsión Social (IPS).

Este proyecto ha suscitado preocupaciones significativas, especialmente en lo que respecta a las facultades otorgadas a la superintendencia para definir criterios de inversión de los fondos jubilatorios.

Una de las disposiciones más controvertidas es la posibilidad de que estos fondos se utilicen para financiar al Estado, una práctica actualmente prohibida.

El artículo 11° del proyecto, que establece el régimen de inversiones para las entidades de jubilaciones y pensiones, ha sido el foco de las críticas.

Según este artículo, estas entidades podrán invertir en una variedad de instrumentos, incluyendo bonos o títulos de deuda emitidos en Paraguay.

Pedro Halley, representante de la Asociación de Jubilados del Paraguay, ha expresado su preocupación, señalando que esta disposición podría ir en contra de las normativas legales actuales del IPS.

La derogación de parte del artículo 27 de la Ley 1860, que prohíbe los préstamos del IPS al Estado, es otra área de preocupación.

Halley advierte que esto podría abrir la puerta a que el IPS se convierta en un prestamista del Estado, lo que considera peligroso y potencialmente violatorio del artículo 95 de la Constitución Nacional, que garantiza la libre disponibilidad de los recursos previsionales.

La Asociación de Jubilados del IPS no apoya el proyecto, citando errores tanto de fondo como de forma, especialmente en lo que respecta a la inversión de fondos. 

Han convocado a una movilización para expresar su desacuerdo.

Por otro lado, la Corriente Sindical Clasista (CSC) también ha expresado su rechazo al proyecto, planificando una manifestación y un acto simbólico de repudio.

Este proyecto de ley, de ser aprobado, podría tener implicaciones significativas para el sistema de pensiones en Paraguay.

La movilización de los jubilados y las acciones de los sindicatos reflejan la preocupación generalizada sobre el futuro de las pensiones y la seguridad financiera de los jubilados en el país.


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