La oscura red de influencias tejida por la familia Palumbo, conocida como «El Pulpo», ha vuelto a salir a la luz, revelando prácticas cuestionables en la obtención de millonarios contratos públicos.
En el epicentro de este escándalo se encuentra la empresa POTI, señalada por su conexión con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y un historial de maniobras sospechosas.
La historia comienza con Jose Martin Palumbo Arambulo, sobrino de Alberto Palumbo, quien formó parte del primer anillo de la mesa del Consejo del Instituto de Previsión Social.
Su participación no solo se destacó por sus consejos sino también por la adjudicación de contratos millonarios a la empresa de su tío, Alberto Palumbo.
Llamativamente, tras su paso por el Instituto de Previsión Social, Jose Martin Palumbo Arambulo ahora esta comisionado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
Desde esta posición estratégica, POTI, la empresa de la familia Palumbo, encontró un terreno fértil para ser favorecida repetidamente.
Las denuncias publicas revelan que, lejos de actuar con transparencia, la Empresa POTI empleo tácticas como la inclusión de personas sin su autorización para completar una nomina de empleados, que finalmente nunca prestaron sus servicios como colaboradores en la Limpieza del IPS, así como la utilización de documentos falsos, objeto de denuncia cuyo proceso sigue durmiendo el Ministerio Publico.
Uno de los tantos puntos controvertidos se encuentra en la Resolución DNCP 1995/23, que inicialmente dictaminaba la inhabilitación de Palumbo y de su empresa POTI.
Sin embargo, en un giro inesperado, la Resolución DNCP 3706/23 del 03/10/23 pospuso dicha inhabilitación, generando así sospechas de maniobras para asegurar impunidad y protección quizás producto de la táctica mencionada anteriormente.
Este turbio episodio ha dejado al descubierto la voraz ambición de POTI y su falta de escrúpulos en detrimento de la calidad de servicios esenciales como la Limpieza de Hospitales entre otros financiados con fondos públicos.
La empresa ha sido acusada de aprovecharse de cientos de trabajadores, y claramente de los miles de aportantes del IPS quienes desconocen el destino de su esfuerzo y son víctimas de prácticas corruptas.
Este escándalo exige una pronta intervención de las autoridades locales y una exhaustiva investigación por parte de los organismos pertinentes.
Los miembros del consejo de IPS tiene la responsabilidad de cuidar al IPS y no formar parte de la entrega de la misma.
El patriotismo no tiene precio y deben poner este caso en el centro de sus prioridades, arrojando luz sobre la red de corrupción que amenaza la integridad del IPS donde POTI ha gozado de más de 15 años de gloria siendo “pillado” y sacado por la puerta trasera por sus practicas desleales a costa de las arcas publicas y que actualmente tiene el camino listo para volver.
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