La Cámara de Diputados, bajo la dirección del diputado Raúl Latorre, dio luz verde al veto total propuesto por el presidente Santiago Peña. Este veto se refiere a la ley que buscaba el despojo de tierras de la finca 916, perteneciente al Ministerio de Defensa en Villa Hayes.
A raíz de esta decisión, el proyecto promovido por el senador Basilio Bachi Núñez será archivado tras su trámite en el Senado. A pesar de esta resolución, las tierras continúan siendo ocupadas de manera irregular, y las acciones legales aún están en curso.
Con una abrumadora mayoría de 66 votos a favor y ninguno en contra, la Cámara de Diputados respaldó el veto presidencial. Este veto tenía como objetivo liberar tierras que estaban bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa en Villa Hayes.
Aunque el siguiente paso es el Senado, es solo una formalidad, ya que si una de las Cámaras aprueba el veto, este se mantiene. La ley original buscaba liberar 131 hectáreas de la finca 916 en Remansito, a favor de la Municipalidad de Villa Hayes, beneficiando a ciertos «ocupantes VIP».
La sanción de esta ley se dio de manera indirecta el 28 de septiembre, después de una estrategia de parlamentarios liderada por Basilio Bachi Núñez, que resultó en la falta de quórum en la sesión.
En relación a posibles delitos, la Procuraduría señaló que la Fiscalía solicitó información sobre antecedentes judiciales de la finca 916. Tras recibir los documentos pertinentes, la Procuraduría evalúa informar a la Fiscalía sobre posibles indicios de delitos.
De los 17 ocupantes originales, 3 ya han devuelto sus terrenos. Sin embargo, 14 aún se resisten a hacerlo, especialmente en lo que respecta a las 16 hectáreas de la zona ribereña. Este caso ha llevado a un consenso entre los diputados sobre la necesidad de establecer mecanismos de control más eficientes, especialmente en casos de invasiones a tierras estatales.
Investigaciones en curso y denuncias
Dos fiscales, Diego Arzamendia y Osmar Legal, están a cargo de investigar la ocupación irregular en Jardines de Remansito, Villa Hayes, a raíz de una denuncia de la senadora Yolanda Paredes.
Ambos han solicitado antecedentes a la Procuraduría General de la República y ya han iniciado las primeras diligencias para determinar responsabilidades.
A comienzos de mes, se denunciaron varios delitos relacionados con la ocupación de la finca 916, incluyendo estafa y asociación criminal.
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