Un informe del Senado al fiscal Piñánez detalla el presunto esquema de la mafia de pagarés en el Hospital de Clínicas
La Comisión Especial del Senado que investiga la mafia de pagarés, presidida por el senador Rafael Filizzola, entregó al fiscal Luis Piñánez un informe detallado sobre el presunto «modus operandi» del esquema que habría operado en el Hospital de Clínicas, a través de la Asociación Mutual del Personal de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA (AMUCLIN). Así lo dio a conocer El Observador.
Según el documento, los funcionarios afectados cancelaban sus operaciones comerciales mediante descuento directo de sus salarios por planilla. Sin embargo, previamente habrían sido inducidos a firmar pagarés en doble ejemplar —a nombre de una entidad financiera y de la mutual, de forma simultánea— sin conocer con precisión el alcance jurídico y cambiario de esos documentos.
Deudas ya pagadas que volvían a cobrarse
De acuerdo con el informe, una vez cancelados los créditos, esos pagarés no eran devueltos a los firmantes, sino retenidos por la asociación. Posteriormente, se promovían acciones ejecutivas mediante las llamadas «notificaciones voladoras», lo que derivaba en múltiples embargos salariales dictados por distintos juzgados, todos originados en una misma y única deuda que ya había sido saldada.
La Comisión señaló que, además, se generaban liquidaciones independientes de capital, intereses, honorarios y gastos judiciales en cada expediente, lo que provocaba un aumento «artificial y desproporcionado» de las obligaciones y una «asfixia económica» de los trabajadores. Entre los casos analizados figura el de Nancy Soto, funcionaria de Clínicas que fue sorprendida con un embargo pese a haber cancelado su deuda.
Los nombres que menciona el informe
La Comisión afirmó haber encontrado «indicios serios» de una actuación «coordinada y sistemática» entre determinados profesionales que intervenían en los procesos judiciales. En ese marco, mencionó a la abogada Lurdes Aranda, quien se encuentra imputada en la causa de la enfermera jubilada Luciana Bernadet, y a quien atribuye haber patrocinado las acciones ejecutivas de la mutual.
El documento también hace referencia a la docente Julia Mabel Acosta y a su esposo, Fabio Molinas, oficial de justicia, respecto de quienes la Comisión pide al Ministerio Público que investigue un posible enriquecimiento ilícito. Asimismo, aconseja indagar al abogado Carlos Enrique Lara, que habría intervenido en la mayoría de las causas vinculadas. Salvo Aranda, estas personas no están imputadas: la Comisión únicamente sugiere que sean investigadas, y todas se encuentran amparadas por la presunción de inocencia.
La advertencia de una jueza
El informe recoge además que la entonces jueza de paz Analía Cibils dejó constancia de la irregularidad en un escrito de excusación, al advertir que los mismos pagarés que servían de base a juicios de la mutual se estaban utilizando luego para iniciar nuevas demandas a favor de terceros.
El documento, acompañado de un cúmulo de pruebas, fue remitido a la Fiscalía para que continúe la investigación. Serán las unidades penales las que determinen, en su caso, las responsabilidades. Todas las personas mencionadas conservan la presunción de inocencia mientras no exista una condena firme.
🔗 Fuentes:
El Observador — «Mafia de pagarés: Así operó el esquema en Clínicas para robar a las enfermeras» (01/07/2026)
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